El juez Enrique Romero Razo fue detenido este martes 20 de octubre en Puebla, señalado por presuntos delitos contra la administración de justicia y evasión de reos, luego del escándalo que protagonizó por su presunta intervención en el intento de liberar a Manuel Forcelledo Nader, sentenciado por el feminicidio de Karla López Albert.
De acuerdo con información atribuida a fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), la captura se realizó durante un cateo en su domicilio, ubicado en la colonia El Ángel, en la capital poblana. También trascendieron señalamientos por presunto cohecho, aunque las imputaciones deberán esclarecerse durante el proceso correspondiente.
Fuentes ministeriales confirmaron el aseguramiento del funcionario judicial, quien acumulaba alrededor de tres décadas de trayectoria en el Poder Judicial de Puebla.
Romero Razo quedó bajo cuestionamiento público en marzo de 2026, cuando se autorizó una modificación de las medidas cautelares de Manuel Forcelledo Nader, condenado a más de 70 años de prisión por el feminicidio de Karla López Albert, ocurrido en 2014.
Según los señalamientos difundidos sobre el caso, el juez habría solicitado una licencia de tres días durante el periodo en que se realizaría la audiencia para revisar las condiciones legales del sentenciado. En su ausencia, la secretaria de acuerdos Angélica Rodríguez quedó a cargo y autorizó que Forcelledo pudiera continuar su proceso fuera de prisión, con un brazalete electrónico.
La medida encendió las alertas de las autoridades y la salida del sentenciado del penal fue impedida antes de que se concretara. A partir de estos hechos se abrió una investigación sobre la actuación del juez y las posibles irregularidades en el procedimiento.
Disputa dentro del Poder Judicial
En julio de este año, Romero Razo fue reubicado de San Pedro Cholula a Ciudad Serdán, decisión que impugnó al argumentar problemas de salud y solicitar protección de la justicia federal.
En agosto, una resolución federal ordenó su restitución en Cholula. No obstante, el Consejo de la Judicatura se negó a cumplirla en los términos planteados y promovió un incidente por presunto cumplimiento defectuoso.
El juez sostuvo que la resistencia institucional respondía a una venganza en su contra. Ahora, su detención abre una nueva etapa en las investigaciones relacionadas con su desempeño.
Las autoridades deberán determinar su responsabilidad en los hechos denunciados y precisar el alcance de los delitos que se le atribuyen. El caso vuelve a colocar bajo escrutinio los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas dentro del sistema judicial poblano.
Foto: Agencia Enfoque
