El Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó una acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico. El anuncio fue realizado por el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, quienes informaron sobre una conspiración para traficar drogas hacia territorio estadounidense, en un caso que amplía las investigaciones contra estructuras políticas en Sinaloa.
De acuerdo con la acusación, los implicados habrían utilizado sus cargos públicos para facilitar operaciones del Cártel de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses sostienen que los funcionarios permitieron el trasiego de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a cambio de sobornos millonarios, además de brindar protección institucional a la organización criminal. Este señalamiento coloca a diversas áreas de gobierno bajo escrutinio judicial en Estados Unidos.
Entre los señalados se encuentran Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán. La inclusión de estos perfiles muestra el alcance de la investigación hacia distintos niveles del aparato gubernamental y de seguridad, según el expediente presentado.
El documento judicial también detalla que los acusados habrían compartido información sobre operativos y protegido actividades ilícitas. En particular, se señala que algunos funcionarios alertaban al cártel sobre investigaciones en curso y facilitaban la operación de cargamentos de droga, lo que habría permitido consolidar las redes de tráfico hacia Estados Unidos. Estas acciones forman parte de los elementos que sustentan la acusación federal.
Uno de los casos más graves es el de Juan Valenzuela Millán, quien enfrenta cargos adicionales por delitos violentos. La fiscalía lo vincula con el secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar en 2023, lo que podría derivar en sanciones más severas dentro del proceso judicial. Asimismo, otros implicados habrían recibido pagos mensuales para colaborar con la organización criminal, según los registros de la investigación.
El caso quedó asignado a la jueza Katherine Polk Failla y forma parte de una serie de acusaciones iniciadas desde 2023. Hasta el momento, los imputados permanecen en México y se presume su inocencia hasta que se determine su responsabilidad en tribunales, mientras el proceso podría tener implicaciones políticas y diplomáticas en la relación bilateral entre ambos países.
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