La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fijó su postura ante las solicitudes de detención con fines de extradición emitidas por el gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios, al subrayar que cualquier procedimiento deberá sustentarse en pruebas sólidas conforme a la legislación mexicana y bajo jurisdicción nacional. Desde Palacio Nacional, la mandataria dejó en claro que será el Estado mexicano quien determine la viabilidad de las solicitudes.
El posicionamiento ocurre en un contexto de tensión política y diplomática, luego de que autoridades estadounidenses hicieran públicas acusaciones contra funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el crimen organizado. En ese escenario, Sheinbaum sostuvo que la relación entre ambos países debe mantenerse bajo principios de respeto, legalidad y coordinación institucional, sin vulnerar los mecanismos establecidos en tratados internacionales.
La carta presidencial y el tratamiento legal de las solicitudes de extradición
Durante la lectura de una carta dirigida al pueblo de México, la presidenta explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió el 28 de abril diez solicitudes de detención provisional con fines de extradición. Posteriormente, el 29 de abril, la información fue turnada a la Fiscalía General de la República para su análisis, conforme a las disposiciones legales vigentes.
En este sentido, Sheinbaum detalló que la Fiscalía es la autoridad competente para evaluar si existen elementos probatorios suficientes que justifiquen una acción judicial, en apego a la Constitución y al Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, indicó que el proceso debe desarrollarse bajo los estándares que establece el marco jurídico mexicano.
La mandataria también cuestionó el actuar del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, luego de que hiciera públicos los cargos y documentos relacionados con el caso. Señaló que la difusión de información en este tipo de procedimientos contraviene principios de confidencialidad establecidos en acuerdos internacionales, lo que generó un extrañamiento por parte del área jurídica de la cancillería mexicana.
Por su parte, la Fiscalía General de la República informó que iniciará una investigación paralela para determinar si existen datos de prueba que respalden las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses. A través de su vocería, la institución señaló que hasta el momento no se han presentado evidencias contundentes que acrediten los hechos señalados, por lo que se realizará un análisis exhaustivo antes de definir cualquier acción.
Finalmente, Sheinbaum reiteró que su gobierno no protegerá a ninguna persona que haya cometido delitos, pero enfatizó que sin pruebas claras, las imputaciones podrían tener un trasfondo político, por lo que el proceso deberá conducirse con estricto apego a derecho. Asimismo, advirtió que México no permitirá la injerencia de gobiernos extranjeros en decisiones que competen exclusivamente al país, reafirmando la defensa de la soberanía nacional.
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