El gobierno panista de Adán Domínguez en la ciudad de Puebla dejó un presunto daño patrimonial de alrededor de 161 millones 788 mil 575.13 pesos, derivado de posibles irregularidades financieras detectadas en la revisión de la cuenta pública 2024 realizada por la Auditoría Superior del Estado (ASE).
El informe fue emitido por la ASE, instancia que identificó inconsistencias en distintos contratos relacionados con servicios, arrendamientos y obras públicas ejercidas durante el periodo revisado.
De acuerdo con los resultados, existen al menos siete casos en los que el órgano auditor considera que podría haber un probable daño al erario municipal, principalmente por falta de documentación comprobatoria, reportes técnicos y soportes administrativos completos.
El monto más elevado corresponde a más de 106 millones de pesos vinculados a 41 contratos de comunicación social, difusión institucional y generación de contenido en medios tradicionales y digitales. En estos casos, la observación principal se relaciona con la falta de evidencia suficiente que acredite el gasto.
Otro de los señalamientos relevantes asciende a 26.8 millones de pesos por un contrato de mantenimiento de áreas permeables en la ciudad. En este punto, la auditoría señaló la ausencia de documentación clave, como ampliaciones presupuestales, reportes georreferenciados de las intervenciones y soportes del ejercicio del recurso.
También se detectaron observaciones por el arrendamiento de equipos multifuncionales utilizados para impresión y copiado, con un monto superior a 8 millones de pesos. En este caso, se indicó la falta de pólizas contables, comprobantes fiscales y transferencias bancarias completas.
En el rubro de limpieza de inmuebles municipales, el informe detalla un posible daño por 6.6 millones de pesos, asociado a la ausencia de documentos como bitácoras, comprobantes fiscales, evidencia de los servicios realizados y registros administrativos que respalden el gasto.
Otra observación se relaciona con el servicio de alimentos para personal en capacitación, donde se detectaron irregularidades por más de 5.1 millones de pesos. Las principales fallas fueron la falta de comprobantes válidos, pólizas contables y evidencia que acreditara la prestación del servicio.
Asimismo, la auditoría incluyó un señalamiento por 4.69 millones de pesos en un contrato de poda y derribo de árboles, en el que no se acreditaron reportes fotográficos, bases de datos de las intervenciones ni documentación que justificara modificaciones presupuestales.
Finalmente, también se reportaron inconsistencias por 4.35 millones de pesos en trabajos de mantenimiento de bancas y herrería en espacios públicos, donde no se presentó evidencia suficiente sobre la ejecución y supervisión de los servicios contratados, lo que derivó en otra observación dentro del informe.
Foto: Agencia Enfoque
