Estados Unidos reforzó su política de sanciones contra Cuba al incluir a una persona y dos entidades vinculadas con sectores estratégicos de la economía de la isla. La medida alcanza al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), a su presidenta ejecutiva, Ania Guillermina Lastres Morera, y a Moa Nickel S.A., empresa mixta relacionada con la extracción de níquel y cobalto.
De acuerdo con el Departamento de Estado, GAESA es un conglomerado controlado por militares cubanos y con presencia en áreas clave de la economía nacional, por lo que Washington lo considera una estructura central dentro del sistema económico de la isla. Las sanciones forman parte de una ofensiva más amplia impulsada por el gobierno de Donald Trump contra empresas, bancos y actores vinculados con sectores energéticos y mineros de Cuba.
La decisión también impactó a la minera canadiense Sherritt International, que anunció la suspensión inmediata de su participación directa en empresas conjuntas en Cuba. Aunque la compañía señaló que no ha sido sancionada formalmente, advirtió que las nuevas restricciones modifican de forma sustancial su capacidad para operar con normalidad, especialmente en sus proyectos vinculados a la isla.
Sherritt participa desde la década de 1990 en operaciones de extracción de níquel y cobalto en Moa, provincia de Holguín, mediante una sociedad con el Estado cubano. La empresa explicó que el entorno de sanciones podría afectar el respaldo de proveedores financieros y otros servicios necesarios para mantener sus actividades comerciales, lo que la llevó a tomar medidas preventivas mientras evalúa el alcance de la orden ejecutiva.
El endurecimiento de Washington ocurre en un momento de presión económica para Cuba, marcada por dificultades energéticas, restricciones financieras y menor margen de operación para sectores productivos estratégicos. Las nuevas sanciones apuntan directamente a estructuras que Estados Unidos considera relevantes para el financiamiento del gobierno cubano, lo que podría profundizar las tensiones entre ambos países y limitar la participación de empresas extranjeras en la isla.
Con estas medidas, el gobierno estadounidense busca aumentar el costo económico para entidades vinculadas al aparato estatal cubano. El impacto inmediato se observa en la decisión de Sherritt de suspender operaciones directas en empresas mixtas, mientras Cuba enfrenta un escenario más complejo para sostener inversiones en minería, energía y otros sectores esenciales de su economía.
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