El gobierno municipal de Chignahuapan, encabezado en 2024 por el priista Lorenzo Rivera Nava, cerró su administración con observaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASE), luego de que el organismo detectara un presunto daño patrimonial por 21 millones 010 mil 063.55 pesos en la revisión de la cuenta pública correspondiente a ese ejercicio fiscal.
De acuerdo con el informe individual del organismo fiscalizador, la ASE revisó una muestra de 22 millones 453 mil 202.51 pesos, de los cuales el 93.58 por ciento presentó observaciones por falta de sustento documental. Esta proporción coloca bajo revisión casi la totalidad de los recursos auditados, debido a inconsistencias en la comprobación del gasto público municipal.
Derivado de estas irregularidades, la administración de Lorenzo Rivera acumuló 18 pliegos de observaciones en distintos rubros del gasto, que van desde servicios personales hasta combustibles, arrendamientos, servicios profesionales y materiales de administración. La falta de documentación suficiente impidió validar el destino y la correcta aplicación de los recursos revisados.
El monto más elevado observado corresponde a 4 millones 268 mil 265.68 pesos en remuneraciones de carácter permanente, es decir, pagos relacionados con sueldos y salarios fijos del personal del Ayuntamiento. En este apartado, la ASE señaló que la administración presentó registros contables, pero no la evidencia documental suficiente para justificar plenamente la erogación.
La observación implica que el gobierno municipal no acreditó de forma completa los registros de nómina, lo que impidió comprobar que los pagos se realizaron conforme a los procedimientos requeridos. Este rubro es relevante porque se trata de gasto corriente vinculado directamente con el funcionamiento de la administración pública municipal.
Combustible, arrendamientos y servicios bajo observación
Otro de los montos relevantes asciende a 4 millones 110 mil 298.23 pesos en combustibles, lubricantes y aditivos. En este rubro, la ASE detectó la falta de contratos, comprobantes de pago, pólizas contables y bitácoras de consumo. Además, no se integró documentación suficiente sobre el parque vehicular utilizado durante 2024, lo que impidió verificar la relación entre el gasto y las unidades presuntamente beneficiadas.
En el caso de los servicios de arrendamiento, el organismo observó un posible daño por 2 millones 258 mil 089.34 pesos, debido a que el Ayuntamiento no integró expedientes completos que acreditaran la contratación de dichos servicios. También se detectaron faltas de oficios de suficiencia presupuestaria y comprobantes de pago que justificaran la aplicación de los recursos.
El informe también revela observaciones por 1 millón 527 mil 450.52 pesos en servicios profesionales, científicos, técnicos y otros, ya que la administración no logró sustentar el destino de estos recursos. A ello se suman inconsistencias en materiales de administración, productos químicos, farmacéuticos, artículos oficiales y servicios de comunicación social.
En conjunto, las observaciones reflejan fallas en la integración de expedientes, la comprobación de pagos y el control administrativo durante el último año de la gestión de Lorenzo Rivera Nava. De acuerdo con el procedimiento de la ASE, el Ayuntamiento cuenta con 30 días para solventar las observaciones una vez notificado, a fin de evitar posibles sanciones o responsabilidades administrativas.
Ilustración: Iván Rojas
