La expansión de políticas de seguridad y desregulación en la Unión Europea ha encendido alarmas entre organizaciones civiles y observatorios internacionales, que advierten un retroceso democrático en países como Italia, Francia y Alemania. Distintos gobiernos europeos han impulsado medidas que restringen el derecho a la protesta, aumentan la vigilancia estatal y limitan la participación de sindicatos, medios independientes y organizaciones sociales.
Uno de los casos más señalados es el de Italia, donde el gobierno de Giorgia Meloni aprobó el llamado “decreto de seguridad”, descrito por colectivos sociales como uno de los mayores ataques recientes contra el derecho a manifestarse. La legislación criminaliza formas de resistencia pacífica y permite medidas preventivas durante reuniones públicas, en medio de críticas por un posible endurecimiento policiaco del Estado.
El informe Shrinking Civic Space in the European Union, elaborado por la investigadora Francesca De Benedetti, sostiene que existe una tendencia transnacional en Europa orientada a reducir el margen de acción de la sociedad civil. El documento vincula este proceso con el crecimiento de fuerzas de extrema derecha y con alianzas entre sectores conservadores y partidos ultraderechistas.
Según el análisis, estas políticas han sido justificadas mediante discursos de “emergencia” y seguridad nacional que permiten restringir libertades civiles, criminalizar la ayuda humanitaria y limitar la supervisión pública sobre los gobiernos. El reporte recuerda que en Polonia, durante la crisis migratoria en la frontera con Bielorrusia, periodistas y organizaciones defensoras de derechos humanos fueron excluidos de la zona bajo un estado de emergencia.
En Francia, la llamada “ley de seguridad global”, aprobada en 2021, también es citada como ejemplo de restricciones al derecho a la protesta y a la documentación ciudadana de abusos policiales. Paralelamente, organizaciones periodísticas han denunciado un incremento en amenazas y presiones contra medios independientes y periodistas en distintos países europeos.
El deterioro democrático también alcanza al ámbito laboral. El informe advierte que Europa registró en 2025 sus peores indicadores en derechos laborales desde 2014, especialmente por las limitaciones al derecho de huelga. Gobiernos conservadores y de extrema derecha han impulsado medidas para restringir paros laborales y debilitar la capacidad de organización sindical.
En Reino Unido, por ejemplo, el gobierno conservador aprobó una legislación que obligaba a mantener servicios mínimos durante huelgas, mientras que en Hungría docentes fueron despedidos por participar en actos de desobediencia civil para exigir garantías laborales. En Italia, el gobierno de Meloni también fue acusado de desacreditar públicamente las huelgas y reducir su duración.
El documento además señala que las instituciones de la Unión Europea han incrementado la influencia de grandes corporaciones en la elaboración de políticas públicas, al mismo tiempo que reducen la participación de sindicatos y organizaciones civiles. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sido cuestionada por respaldar políticas de desregulación económica promovidas por grupos empresariales.
La investigación advierte que esta convergencia entre agendas corporativas, discursos de seguridad y alianzas entre conservadores y extrema derecha está modificando gradualmente la estructura democrática europea. Aunque los mecanismos formales de participación siguen existiendo, el informe sostiene que el margen real para la disidencia y la organización colectiva es cada vez más limitado.
Fotografía: Redes
