El viernes 8 de mayo se llevaron a cabo las votaciones para elegir al director de la Facultad de Derecho, digo director porque sólo se registraron dos candidatos: Alejandro Adrián Rebollar Mier y Roberto Carlos Gallardo Loya. Hoy sabemos por los medios de comunicación que el candidato ganador fue el primero, y no sabemos nada más.
Sin embargo, con los pocos datos con los que contamos, podemos valorar la legitimidad de la elección, no sólo dentro de esta facultad sino también en la de Ciencias Políticas y Sociales.
Recordemos que estas dos facultades formaban una sola, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales hasta octubre de 2021. En este mes, y después de haber tomado posesión la doctora Lilia Cedillo, el consejo universitario designó al director de Ciencias Políticas y a la directora de Derecho hoy salientes. Desconocemos por qué a pesar de haber cumplido en el mes de octubre de 2025 los cuatro años que marca la legislación universitaria como el período máximo de una dirección de unidad académica, no se lanzó la convocatoria correspondiente sino hasta el pasado 17 de abril de 2026. Seis meses después de terminado el período.
Este retraso quizá explique la elección express que se llevó a cabo. La convocatoria se emitió el viernes 17 de abril y se nombró al director el 11 de mayo. Trece días hábiles en total, de los cuales únicamente seis fueron de campaña, pues se “atravesó” un puente de cinco días, del primero al cinco de mayo. Y para cerrar con broche de oro, el día de las votaciones “cayó” en viernes.
¿Cuántas personas votaron? No lo sabemos.
Sabemos que en la convocatoria se establece la obligación de la Comisión Electoral de informar:
“La Comisión Electoral dará a conocer los resultados pegando la copia del acta de escrutinio y cómputo de los votos en el lugar donde se realice dicho procedimiento, además de ser publicados en la página web: https://elecciones.buap.mx/.” Pero esta información no existe.
Según el Anuario Estadístico 2024-2025, después de la Facultad de Administración que cuenta con 9,446 estudiantes de licenciatura, le sigue la Facultad de Derecho con 7,575. Ésta cuenta con tres programas: Consultoría Jurídica con 163 estudiantes; Criminología con 1,450; y Derecho con 5,962. En este último los estudiantes en la modalidad escolarizada suman 4,469; en la semiescolarizada 653; y a distancia 840.
Además están los estudiantes de posgrado, 20 de maestría y 12 de doctorado.
No sabemos cuál es la composición del Consejo de Unidad Académica aparte de que debe ser paritario en la representación de estudiantes y docentes, y contar con un representante del personal no académico.
Si atendemos al plan de estudios de la licenciatura en Derecho, las materias están distribuidas en seis áreas que, suponemos, concentran a seis academias de docentes. Pero no sabemos si los docentes de las otras dos licenciaturas conforman otras academias o no.
¿Por qué es importante saber todo esto? Porque el voto no es universal, es indirecto y la comunidad de la Facultad de Derecho está representada por tres sectores: el académico, el estudiantil y el no académico; y cada sector está subdividido en subsectores, y cada subsector tiene un peso determinado en la determinación del resultado de las votaciones.
¿Tienen más votos electorales los estudiantes de Derecho por ser 5,962 de 7,575? No lo sabemos.
No sólo no sabemos todo esto, sino que ni siquiera sabemos cuántos votos se emitieron. Aunque la votación no es directa, por lo menos podríamos establecer el porcentaje de votación alcanzado.
Después del paro estudiantil de marzo de 2025, los responsables de dar a conocer con todo detalle el resultado de las recientes elecciones no pueden obviar el cumplir con el derecho a la información del que goza toda la comunidad universitaria.
Otro aspecto igualmente relevante es el relativo al amparo promovido por José Alfredo Muñoz Carreto, profesor de la facultad de Derecho y descrito como “adulto mayor con debilidad visual y auditiva”, en la información aparecida el primero de mayo en el periódico digital e-consulta. Aquí el profesor Muñoz Carreto denuncia al menos quince violaciones a sus derechos, entre ellas la discriminación de la que fue objeto.
Este asunto nos remite nuevamente a la discutible calidad de una comisión de auscultación que se erige en la preseleccionadora de los candidatos “idóneos”. Este aspecto de la legislación universitaria es claramente inconstitucional, pues viola el derecho a ser votado si se cumple con los requisitos formales señalados en la convocatoria.
Las autoridades universitarias debieran tomar nota del derecho de la comunidad universitaria a tener toda la información oportuna, detallada y completa de los procesos electorales, a fin de ser considerados y aceptados como legales y legítimos.
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