El gobierno de Donald Trump anunció la detención en Estados Unidos de Carlos Antonio Lloga Domínguez, un ciudadano cubano señalado por Washington por sus presuntos vínculos con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), organismo con sede en La Habana. La medida incluyó también a su esposa e hijo, quienes quedaron bajo custodia federal tras la revocación de su estatus legal ordenada por el secretario de Estado, Marco Rubio, según informó el Departamento de Estado.
La administración estadounidense sostuvo que Lloga Domínguez trabajó durante más de una década para el ICAP, al que acusa de operar como un frente de influencia e inteligencia del gobierno cubano en territorio estadounidense. Sin embargo, el caso también ocurre en medio de una nueva ofensiva política y migratoria de Trump contra Cuba, marcada por sanciones, detenciones y un discurso cada vez más agresivo contra cualquier estructura vinculada a la isla.
El Departamento de Estado también apuntó contra el actual presidente del ICAP, Fernando González Llort, al recordar su condena por espionaje en Estados Unidos durante el caso de la red Avispa. Desde la narrativa cubana, González Llort forma parte de los llamados Cinco Héroes Cubanos, quienes se infiltraron en grupos asentados en Miami para prevenir ataques contra Cuba, mientras que Washington lo presenta como una figura vinculada a operaciones de inteligencia.
El ICAP fue fundado en diciembre de 1960, durante los primeros años de la Revolución Cubana, con el objetivo de promover la solidaridad internacional y fortalecer la llamada diplomacia de los pueblos. La Habana lo describe como una institución orientada a la amistad entre naciones y movimientos sociales, mientras que el gobierno de Trump lo ubica dentro de una red de influencia extranjera que, según sus acusaciones, tendría presencia en distintos países.
A inicios de junio, Washington impuso sanciones contra el ICAP, lo que implica la confiscación de bienes o intereses que pudiera tener en Estados Unidos y restricciones para acceder a servicios financieros o empresariales. Con esta detención, la Casa Blanca refuerza una política de presión contra Cuba que combina castigo económico, persecución migratoria y acusaciones de seguridad nacional, en un nuevo capítulo de la confrontación entre ambos gobiernos.
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