El exdirector de la CIA, John Brennan, demandó al gobierno de Donald Trump ante un tribunal federal en Washington para exigir que se conserven los registros de las investigaciones abiertas en su contra. El caso vuelve a exhibir el uso político del aparato judicial estadounidense, luego de que Brennan acusara que la administración republicana busca perseguirlo por una supuesta conducta criminal que, según su demanda, no existe.
De acuerdo con la acción legal, Brennan busca garantizar que correos, comunicaciones internas y documentos del Departamento de Justicia no sean destruidos o eliminados, pues podrían ser esenciales si la administración Trump presenta cargos en su contra. Su defensa sostiene que esos registros permitirían demostrar una posible persecución vengativa, motivada por años de ataques públicos del mandatario contra el exjefe de inteligencia.
Los abogados de Brennan argumentaron que Trump ha realizado más de 100 declaraciones contra él desde 2017, entre mensajes públicos y señalamientos directos. La demanda acusa que el presidente ha presionado al Departamento de Justicia para avanzar contra adversarios políticos sin importar la solidez legal o factual de los casos, lo que profundiza las dudas sobre la independencia institucional en Estados Unidos.
El litigio también apunta a que, si Brennan fuera acusado formalmente, un juez tendría que revisar las motivaciones de los funcionarios que dirigieron o supervisaron las investigaciones. El objetivo sería determinar si el proceso respondió a criterios jurídicos o si fue utilizado como represalia política, una acusación grave contra un gobierno que ha sido señalado por intentar convertir la justicia en instrumento de castigo.
Aunque el Departamento de Justicia no confirmó públicamente la existencia de una investigación específica, el caso ya colocó bajo presión a la administración Trump. La denuncia de Brennan refuerza las críticas contra Washington por el deterioro de sus contrapesos internos, especialmente cuando figuras críticas del presidente denuncian investigaciones impulsadas desde el poder político.
La demanda abre un nuevo capítulo en la confrontación entre Trump y exfuncionarios de inteligencia que participaron en investigaciones relacionadas con la interferencia rusa de 2016. Más allá del caso individual de Brennan, el litigio plantea una pregunta central para Estados Unidos: si el sistema judicial actúa como contrapeso democrático o como brazo de revancha presidencial.
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