El gobierno de Donald Trump puso en marcha una campaña para debilitar y aislar a la Corte Penal Internacional (CPI), encargada de investigar crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad. El secretario de Estado, Marco Rubio, presentó al tribunal como una amenaza para la soberanía estadounidense y anunció que Washington no permitirá investigaciones contra su personal.
La ofensiva contempla prohibiciones de viaje, revocaciones de visas, nuevas sanciones contra funcionarios y organizaciones vinculadas con la CPI, además de presión diplomática sobre otros países para que reduzcan su respaldo al tribunal. El Departamento de Estado advirtió que no descarta ninguna herramienta para frenar su actuación, incluyendo represalias contra jueces y fiscales independientes.
Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma, pero la CPI conserva competencia sobre crímenes cometidos dentro del territorio de sus Estados miembros, incluso cuando los presuntos responsables pertenecen a países ajenos al tribunal. Washington rechaza esa facultad cuando alcanza a sus militares o funcionarios, aunque suele invocar el derecho internacional para sancionar a gobiernos adversarios.
La campaña también busca impedir futuras responsabilidades por operaciones militares estadounidenses en el extranjero. Reuters informó que la administración Trump respalda sanciones para evitar investigaciones contra el presidente o integrantes de su gobierno, mientras Washington ya rechazó cooperar con cualquier pesquisa sobre sus ciudadanos. La estrategia intenta reducir la capacidad de la CPI para investigar a una potencia militar.
El choque se agravó después de que la CPI emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. Las órdenes alcanzan a los 125 países adheridos al Estatuto de Roma, cuyos gobiernos tienen obligaciones de cooperación.
La ofensiva de Trump coloca bajo presión a una institución creada para intervenir cuando los Estados no pueden o no quieren investigar atrocidades. Al amenazar con sanciones, restricciones migratorias y presión diplomática, Washington busca blindar a sus ciudadanos y aliados frente al mismo sistema de justicia que exige para otros países, debilitando las reglas internacionales cuando afectan sus intereses.
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