Dice el refrán: no me ayudes, compadre. O mejor dicho, comadre. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un órgano constitucionalmente autónomo, uno de los pocos que se salvó de la guillotina aplicada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador a diversas instituciones autónomas. Precisamente por esa condición, la CNDH debería comprender que sus decisiones no ocurren en el vacío. Una institución del Estado, particularmente una encargada de proteger los derechos humanos, debe tener sentido del momento político, sensibilidad social y capacidad para entender las consecuencias de sus actos. Todo eso parece haber faltado en el caso Ayotzinapa.
A unos meses de cumplirse doce años de la trágica noche de Iguala, cuando 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron desaparecidos, México necesita respuestas, certezas y, sobre todo, verdad. En momentos en que distintas instancias del gobierno federal buscan reconstruir los puentes de comunicación con los padres de los normalistas y cuando el problema nacional de las desapariciones alcanza dimensiones cada vez más preocupantes, la CNDH, encabezada por Rosario Piedra Ibarra, decidió publicar una recomendación que, lejos de contribuir al esclarecimiento de los hechos, ha vuelto a abrir las heridas.
La recomendación 208VG/2026, un documento de 867 páginas, contiene buena parte de los lugares comunes, hipótesis, contradicciones y conclusiones que conocemos desde hace prácticamente doce años. Sin embargo, introduce elementos particularmente controvertidos. De entrada, modifica el número de víctimas al considerar 40 estudiantes desaparecidos y, al mismo tiempo, exonera de responsabilidad directa a elementos del Ejército. Más llamativo todavía: en términos generales, recupera las principales hipótesis de la llamada “verdad histórica”, presentada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto por el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.
Aquí surge una pregunta elemental: ¿qué necesidad tenía la CNDH de emitir una recomendación con estas características precisamente en este momento? ¿Cuál es la información verdaderamente nueva que aporta al esclarecimiento del caso? ¿Por qué no existió previamente un diálogo amplio y profundo con los padres de los normalistas? Después de casi doce años de investigaciones, expedientes, grupos de expertos, comisiones especiales, procesos judiciales y confrontaciones políticas, cualquier pronunciamiento institucional sobre Ayotzinapa debería estar acompañado de pruebas contundentes. No basta acumular cientos de páginas. En materia de derechos humanos, la extensión nunca podrá sustituir a la verdad.
El problema fundamental es que Ayotzinapa dejó de ser, desde hace mucho tiempo, solamente una investigación criminal. Se convirtió en una herida abierta del Estado mexicano. También en un símbolo de la incapacidad institucional para investigar desapariciones, enfrentar redes criminales y establecer responsabilidades políticas, administrativas y penales. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se construyó la “verdad histórica”. Durante el sexenio de López Obrador se prometió conocer toda la verdad. Sin embargo, doce años después, México continúa atrapado entre expedientes incompletos, testimonios contradictorios, investigaciones fragmentadas y padres que siguen preguntando dónde están sus hijos.
Por eso resulta incomprensible la actuación de la CNDH. Una institución encabezada por Rosario Piedra Ibarra debería tener una sensibilidad especial frente a las víctimas de desaparición. Su propia historia familiar está marcada por la búsqueda de personas desaparecidas y por la lucha contra los abusos del poder. Nadie pide a la Comisión que abandone su autonomía ni que subordine sus conclusiones a las necesidades políticas del gobierno federal. Se le exige algo mucho más elemental: responsabilidad institucional, rigor en sus investigaciones, sensibilidad frente a las víctimas y conciencia sobre las consecuencias políticas y sociales de sus resoluciones.
Porque lo único que ha conseguido esta recomendación es volver a encender los reclamos de los padres de los normalistas rumbo al duodécimo aniversario de los hechos. También ha colocado nuevamente al Ejército en el centro de la controversia y ha reabierto el debate sobre la llamada “verdad histórica”. En lugar de contribuir a construir confianza, genera nuevas sospechas. En vez de acercar posiciones, profundiza las diferencias. Y, lo más grave, entrega una nueva papa caliente a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien deberá administrar las consecuencias políticas de una decisión tomada por un organismo constitucionalmente autónomo.
El caso Ayotzinapa es también una enorme lección sobre los límites del poder político. López Obrador prometió resolverlo y no pudo hacerlo. Creó una comisión especial, abrió archivos, permitió la participación de expertos internacionales y señaló responsabilidades de funcionarios y militares. Sin embargo, al terminar su gobierno, la pregunta fundamental continuaba sin respuesta: ¿dónde están los 43 estudiantes? El gobierno de Claudia Sheinbaum recibió una investigación empantanada, una relación deteriorada con los padres y una creciente desconfianza hacia las instituciones. En ese escenario, la recomendación de la CNDH llega como gasolina lanzada sobre una hoguera que nunca terminó de apagarse.
Las instituciones autónomas deben ejercer sus facultades sin pedir permiso al gobierno. Eso es indiscutible. Pero autonomía no significa irresponsabilidad. Tampoco significa actuar al margen del contexto social. Una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que no escucha previamente a las víctimas, que emite conclusiones controvertidas y que parece recuperar hipótesis desacreditadas corre el riesgo de convertirse en parte del problema. En Ayotzinapa existen demasiadas dudas, demasiadas contradicciones y demasiados intereses políticos. Lo último que necesita México es una nueva versión oficial presentada como verdad definitiva sin ofrecer respuestas convincentes a las preguntas fundamentales.
Después de casi doce años, los padres de los estudiantes no necesitan discursos, recomendaciones interminables ni nuevas disputas burocráticas. Necesitan saber qué ocurrió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Necesitan conocer quién ordenó la desaparición, quién participó, quién encubrió los hechos y dónde están sus hijos. Todo lo demás es secundario. La CNDH perdió una oportunidad para contribuir a la verdad y la reconciliación. En cambio, decidió abrir un nuevo frente político. No me ayudes, comadre. Esa podría ser la respuesta de la presidenta. Pero para los padres de Ayotzinapa el asunto es infinitamente más doloroso: doce años después, siguen esperando la verdad.
Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
@onelortiz
