El Partido Acción Nacional exigió que Marina del Pilar Ávila Olmeda solicite licencia como gobernadora de Baja California mientras se esclarecen audios filtrados sobre presuntos acercamientos con intermediarios estadounidenses. La dirigencia panista presentó las grabaciones como un asunto de seguridad nacional, aunque hasta ahora no existe una acusación formal, una investigación confirmada o un pronunciamiento del FBI contra la mandataria.
El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, respaldó la petición de su dirigencia estatal y sostuvo que ningún interés personal puede colocarse por encima del país. Sin embargo, Acción Nacional pidió la separación inmediata de la gobernadora con base en fragmentos divulgados por medios, sin presentar peritajes que acrediten su integridad ni pruebas independientes sobre la identidad de los supuestos representantes estadounidenses.
El segundo audio atribuido a Marina del Pilar incluye la intervención de un hombre que se presenta como asesor externo del FBI y que plantea una supuesta oportunidad para evitar cargos o sanciones. En la conversación también se escuchan referencias a una eventual extradición y al intercambio de información, pero ninguna agencia estadounidense ha confirmado que el interlocutor trabajara para el gobierno de ese país o tuviera facultades para formular esas advertencias.
Pese a la ausencia de confirmaciones oficiales, Jorge Romero acusó a Morena de guardar silencio y aseguró que la posible entrega de información conocida en mesas de seguridad amerita una explicación inmediata. El PAN transformó una conversación todavía rodeada de dudas en una condena política anticipada, colocando la exigencia de licencia por encima de cualquier investigación institucional.
Acción Nacional dicta sentencia con filtraciones y versiones aún sin comprobar
La controversia comenzó con un primer audio difundido en junio, cuya autenticidad fue reconocida por Marina del Pilar. La gobernadora explicó que la conversación estaba relacionada con asesoría legal posterior a la revocación de su visa y rechazó la existencia de acuerdos clandestinos. También afirmó que las personas involucradas nunca mostraron documentos, identificaciones o requerimientos que acreditaran una representación oficial de autoridades estadounidenses.
El gobierno de Baja California sostuvo que la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad forma parte de los mecanismos habituales de coordinación de una entidad fronteriza. Añadió que cualquier intercambio se desarrolla mediante canales institucionales y con respeto a la soberanía, mientras el PAN omitió distinguir entre una colaboración formal entre gobiernos y una supuesta negociación personal que todavía no ha sido demostrada.
Acción Nacional también presentó el caso como una contradicción del discurso de Morena frente a la intervención extranjera. No obstante, el partido utilizó la sospecha como prueba y la filtración como sentencia, sin esperar que las autoridades mexicanas o estadounidenses determinen si existió una conducta irregular, si los interlocutores eran auténticos o si los audios fueron editados.
Hasta el momento, el Departamento de Justicia y el FBI no han informado públicamente sobre cargos, solicitudes de extradición o investigaciones contra Marina del Pilar. La gobernadora se declaró dispuesta a responder cualquier requerimiento formal, mientras el PAN busca convertir la falta de información en combustible político y exige una renuncia antes de que existan conclusiones oficiales sobre el contenido, origen y contexto de las grabaciones.
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