El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos habría ordenado suspender la mayoría de las detenciones vehiculares realizadas por sus agentes de deportación, luego de que un migrante mexicano y otro colombiano murieran por disparos durante operativos en Texas y Maine. La medida, difundida por medios estadounidenses, representa un cambio importante en las tácticas de ICE y llega en medio de crecientes cuestionamientos por el uso de la fuerza contra personas migrantes.
La instrucción estaría dirigida a los agentes de Operaciones de Cumplimiento y Deportación, responsables de detener y expulsar a personas sin estatus migratorio regular. Las paradas de vehículos quedarían limitadas a casos con órdenes penales y con apoyo de otras corporaciones, mientras la agencia revisa sus procedimientos tras dos intervenciones mortales ocurridas en menos de una semana.
El primer caso ocurrió el 7 de julio en Houston, Texas, donde el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, murió tras recibir un disparo de un agente de ICE durante un operativo dirigido originalmente contra otra persona. El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que el migrante utilizó su vehículo contra los oficiales, pero familiares y organizaciones civiles cuestionaron esa versión y denunciaron inconsistencias en el despliegue.
El segundo hecho se registró el 13 de julio en Biddeford, Maine, donde el colombiano Joan Sebastián Guerrero perdió la vida durante otra operación migratoria que buscaba detener a una persona distinta. Autoridades estadounidenses sostuvieron que intentó escapar y representaba un riesgo, aunque activistas señalaron que contaba con permiso laboral y denunciaron un posible uso desproporcionado de la fuerza.
Ante estos hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió que las investigaciones se realicen de manera pronta, independiente, imparcial y eficaz, con el objetivo de establecer responsabilidades y aplicar sanciones cuando correspondan. La CIDH recordó que todas las acciones de las fuerzas del orden deben respetar los principios de legalidad, necesidad estricta y proporcionalidad.
Los dos operativos quedaron bajo mayor escrutinio porque los agentes involucrados no portaban cámaras corporales, lo que impide verificar mediante registros oficiales las versiones difundidas por las autoridades. México presentó denuncias ante el Departamento de Justicia y fiscalías estatales, al señalar que 17 mexicanos han muerto en operativos o bajo custodia de ICE, mientras aumenta la presión internacional para revisar los protocolos y esclarecer posibles abusos.
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