La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la invitación de Estados Unidos para participar en la Cumbre Ministerial contra el Terrorismo Político de Extrema Izquierda, convocada por el secretario de Estado, Marco Rubio. Durante su conferencia del 17 de julio en Tulum, Quintana Roo, la mandataria confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió formalmente la convocatoria, pero el Gobierno mexicano decidió no enviar representantes al considerar que el encuentro tenía un carácter principalmente político y no estaba enfocado en combatir organizaciones delictivas o amenazas concretas a la seguridad.
Sheinbaum explicó que los posicionamientos y diferencias ideológicas no deben convertirse automáticamente en asuntos de seguridad nacional, salvo cuando existan delitos que deban ser investigados y sancionados conforme a la ley. Bajo ese criterio, México concluyó que no era prudente sumarse a una reunión cuyo nombre vinculaba directamente una corriente política con el terrorismo. La decisión fue comunicada al Departamento de Estado estadounidense, mientras el Gobierno mexicano reiteró que sí participa en foros internacionales de seguridad cuando existen objetivos claros de cooperación contra actividades criminales.
La mandataria señaló que México incluso ha acudido como observador a otros encuentros promovidos por Washington, pero en esta ocasión consideró que la denominación y el enfoque de la cumbre podían desdibujar la frontera entre la persecución de delitos y la confrontación ideológica. El rechazo mexicano cuestiona la estrategia de Estados Unidos de colocar a movimientos políticos de izquierda dentro de su nueva agenda antiterrorista, una política que amplía el campo de acción de sus organismos de seguridad y permite imponer medidas de persecución financiera e internacional contra grupos designados por ese país.
Washington convierte la disputa ideológica en una agenda de seguridad
La cumbre reunió en Washington a representantes de 61 países y fue presentada por el Gobierno de Donald Trump como una respuesta a hechos de violencia política y al asesinato de dirigentes conservadores. Previamente, el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva de emergencia para combatir el supuesto resurgimiento del terrorismo relacionado con organizaciones de extrema izquierda y movimientos anarquistas. La medida representa un cambio en la doctrina estadounidense, que durante las últimas décadas había concentrado gran parte de sus operaciones internacionales en organizaciones fundamentalistas y amenazas provenientes de Medio Oriente.
Durante el encuentro, Marco Rubio afirmó que la estrategia antiterrorista de Estados Unidos había ignorado durante demasiado tiempo la violencia procedente de sectores de izquierda. También acusó a medios de comunicación, universidades y otras instituciones de minimizar ese fenómeno. El Departamento de Estado designó a varias organizaciones como terroristas extranjeras, lo que abre la posibilidad de bloquear recursos, compartir información de inteligencia y promover acciones internacionales contra sus integrantes, aunque persisten cuestionamientos sobre los criterios utilizados por Washington para definir qué grupos representan una amenaza real.
La postura mexicana marcó distancia frente a una cumbre respaldada por gobiernos como el de Argentina, cuyos representantes apoyaron una mayor coordinación internacional. Sheinbaum sostuvo que la política exterior del país debe responder a principios constitucionales y no a definiciones ideológicas promovidas desde el extranjero. Con su ausencia, México evitó respaldar una iniciativa estadounidense que mezcla seguridad y política, y dejó claro que la cooperación contra el terrorismo debe estar sustentada en delitos comprobables, investigaciones legales y amenazas concretas, no únicamente en la orientación política atribuida a determinadas organizaciones.
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