El primer ministro británico, Andy Burnham, habría avalado que Estados Unidos utilice bases militares del Reino Unido para lanzar ataques aéreos contra Irán, con lo que daría continuidad a una política impulsada por su antecesor, Keir Starmer. La medida fue revelada por Bloomberg News y ocurre mientras Washington intensifica una ofensiva que ya suma varias noches consecutivas de bombardeos sobre territorio iraní.
De acuerdo con fuentes que hablaron bajo condición de anonimato, Starmer encabezó una reunión con ministros y funcionarios de alto nivel en la que se determinó que aviones estadounidenses podrían seguir operando desde Diego García, en el océano Índico, y desde la base RAF Fairford, en Gloucestershire. Aunque Londres presenta estas acciones como “defensivas”, no se han revelado los criterios utilizados para definir qué ataques entrarían en esa categoría.
Burnham habría sido informado de la decisión antes de asumir el cargo y manifestó su conformidad con mantenerla durante la reanudación de las operaciones estadounidenses. De confirmarse, el nuevo gobierno británico quedaría directamente vinculado a la estrategia militar de Washington, pese a las advertencias sobre las consecuencias humanitarias y jurídicas de facilitar infraestructura para ataques en un conflicto que continúa escalando.
Londres se suma a la ofensiva mientras Irán denuncia nuevos bombardeos
La autorización presuntamente concedida por Reino Unido coincide con la undécima noche consecutiva de ataques estadounidenses contra distintas ciudades y provincias iraníes. Medios de Irán reportaron explosiones en Bushehr, Tabriz y Chabahar, así como en las provincias de Kurdistán e Ilam, lo que refleja la ampliación geográfica de una ofensiva que amenaza con involucrar cada vez más a los aliados de Estados Unidos.
Organizaciones británicas de derechos humanos ya habían advertido que permitir el uso de bases nacionales para operaciones contra Irán podría convertir al Reino Unido en corresponsable de posibles violaciones al derecho internacional. Los cuestionamientos se centran en la falta de información pública sobre los objetivos atacados, la proporcionalidad de las operaciones y las garantías para evitar daños a la población civil.
Hasta ahora, el gobierno británico no ha detallado qué misiones autorizó ni cómo verificará que los ataques estadounidenses respeten las normas internacionales. Mientras Washington prolonga los bombardeos, la participación logística de Londres fortalece una campaña militar cuestionada por su costo humano y aumenta el riesgo de que Reino Unido quede arrastrado a una guerra de consecuencias imprevisibles.
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