Una jueza federal rechazó suspender la prisión preventiva impuesta a José Merino Valdés Cuervo y Adriana Magali Bárcenas Guillén, empresarios investigados por su presunta participación en una red nacional dedicada al contrabando de combustibles y la evasión de impuestos. La Fiscalía General de la República los acusa de delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos dentro del mismo expediente que involucra al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
La resolución fue emitida por Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, quien negó conceder una suspensión con efectos de liberación. La juzgadora explicó que la Ley de Amparo impide modificar la prisión preventiva oficiosa cuando se trata de delitos graves, por lo que los acusados deberán permanecer recluidos mientras continúa el procedimiento penal.
Merino Valdés Cuervo es fundador y socio mayoritario de Ingemar, empresa relacionada comercialmente con Ruffo Appel y señalada dentro de las investigaciones sobre importaciones irregulares de combustibles. Bárcenas Guillén, por su parte, aparece como accionista y representante legal de Logística Ferroviaria Fargo, compañía con operaciones en San Luis Potosí que presuntamente participó en el traslado ferroviario de hidrocarburos.
Empresarios permanecerán presos mientras se define su proceso
La FGR sostiene que el grupo introducía combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas ante las aduanas, ya fuera reportando cantidades menores a las transportadas o registrando los hidrocarburos como productos distintos. Con este mecanismo, la organización habría evitado el pago de impuestos durante la importación y comercialización de gasolina, diésel y otros derivados del petróleo.
Merino Valdés Cuervo permanece en el penal federal del Altiplano, junto con Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez. Bárcenas Guillén se encuentra recluida en el Cereso Nezahualcóyotl Sur, mientras que José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales enfrentan el procedimiento desde sus domicilios debido a problemas de salud.
La jueza de distrito fijó el 28 de julio para resolver si concede una suspensión definitiva, aunque esta determinación no implicaría necesariamente la liberación de los acusados. De manera paralela, la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega deberá definir si existen elementos suficientes para vincular a proceso a Ruffo Appel y los demás imputados por su presunta participación en la red de huachicol fiscal.
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