La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla abrió un expediente de investigación por el asesinato del periodista y docente Josué Martínez Contreras, ocurrido en el municipio de San Martín Texmelucan, con el objetivo de dar seguimiento al caso y verificar la actuación de las autoridades encargadas de las investigaciones.
La presidenta del organismo, Rosa Icela Sánchez Soya, informó que la intervención de la Comisión comenzó bajo el protocolo de atención inmediata una vez que el homicidio fue conocido públicamente a través de información periodística.
Como parte de las primeras diligencias, la CDH requirió información a la Fiscalía General del Estado (FGE) para confirmar la apertura de la carpeta de investigación y conocer las acciones emprendidas para esclarecer el crimen.
Además, la ombudsperson explicó que el organismo estableció comunicación con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el propósito de coordinar el seguimiento institucional del caso y garantizar el cumplimiento de las medidas que correspondan.
Sánchez Soya detalló que una parte importante de las investigaciones que realiza la Comisión surgen de oficio cuando existen hechos de relevancia pública. Indicó que, de aproximadamente 14 mil 400 quejas registradas por la institución, alrededor del 75 por ciento se inician bajo este esquema.
Precisó que, una vez abierto un expediente de oficio, el personal de la Comisión busca establecer contacto con las personas afectadas o sus representantes para formalizar la ratificación de la queja y continuar con el procedimiento correspondiente. El resto de los asuntos llega mediante escritos, correo electrónico o llamadas telefónicas.
La actuación de la CDH ocurre a casi una semana del asesinato de Josué Martínez Contreras, quien fue atacado con disparos de arma de fuego por hombres armados cuando se encontraba en las inmediaciones de su domicilio, en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, perteneciente a San Martín Texmelucan.
El homicidio del comunicador continúa bajo investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, mientras organismos públicos mantienen el seguimiento del caso ante el impacto que representa para el ejercicio periodístico en Puebla.
Foto: Agencia Enfoque
