Una jueza federal vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a otras siete personas por su presunta participación en una red de huachicol ferroviario. La resolución se dictó después de una audiencia que se prolongó durante más de 30 horas en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México. La Fiscalía General de la República consiguió que los ocho imputados enfrenten proceso por delitos relacionados con delincuencia organizada, contrabando y operaciones ilegales con hidrocarburos.
La jueza Alejandra Ramírez de la Vega determinó que los datos presentados por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada resultaban suficientes para continuar el procedimiento penal. Ruffo Appel, Ricardo Thompson Navarro, José Merino Valdés Cuervo, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez permanecerán bajo prisión preventiva en el penal federal del Altiplano, mientras avanza la investigación complementaria.
José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales también quedaron vinculados a proceso, aunque cumplirán la medida cautelar en sus domicilios debido a sus condiciones de salud. Adriana Magali Bárcenas Guillén continuará recluida en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur. La resolución mantiene privados de la libertad, bajo distintas modalidades, a los ocho señalados por su posible intervención en el esquema investigado.
La FGR atribuyó a los imputados distintas funciones dentro de las operaciones presuntamente ilegales. Ruffo Appel y dos de los acusados fueron procesados por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, mientras los demás enfrentarán diferentes combinaciones de esos cargos. Las detenciones se realizaron entre el 16 y 17 de julio mediante un operativo coordinado con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.
Una red de 11 empresas y 163 carrotanques bajo investigación
Según la investigación ministerial, los acusados habrían utilizado una estructura integrada por 11 compañías para simular operaciones comerciales y facilitar la entrada irregular de combustibles desde Estados Unidos. El expediente señala la importación de 18 millones 225 mil 657 litros de diésel y gasolina transportados en 163 carrotanques, mediante al menos nueve embarques ferroviarios procedentes de Texas.
La empresa Ingemar ocupa una posición central en las indagatorias, debido a que habría aparecido como consignataria de los cargamentos enviados desde la refinería de Deer Park, filial de Pemex. Internacional de Fundentes figuró como destinataria final de los productos en México. La Fiscalía sostiene que ambas compañías formaron parte de una cadena diseñada para introducir, distribuir y comercializar hidrocarburos mediante documentación y declaraciones presuntamente irregulares.
Las autoridades también detectaron que Internacional de Fundentes contaba con permisos para importar grandes volúmenes de diésel, gasolina regular, premium y turbosina, pero enfrenta señalamientos por alterar documentos e ingresar más combustible del autorizado. En paralelo, la FGR identificó movimientos financieros que no corresponderían con el perfil fiscal de Ingemar. Una de sus cuentas habría registrado flujos superiores a 3 mil millones de pesos entre junio de 2024 y julio de 2025.
La Fiscalía explicó que el huachicol fiscal opera mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, diferencias entre los volúmenes reportados y los realmente transportados, o la clasificación del combustible como otra mercancía para evitar contribuciones. La institución considera que estas maniobras generan pérdidas al Estado mexicano y pueden financiar estructuras criminales; sin embargo, Ruffo Appel y los demás imputados conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
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