Japón ha comenzado oficialmente el despliegue de aeronaves V-22 Osprey en una nueva base militar ubicada en el suroeste del país, como parte de una estrategia para reforzar la defensa de sus islas remotas ante el creciente dinamismo marítimo de China. El primer aparato ya se encuentra operativo en el Campamento Saga, y se espera que el resto de la flota —compuesta por 17 unidades— esté completamente instalada para mediados de agosto.
La operación se enmarca dentro del plan de modernización y expansión militar que Tokio ha acelerado en los últimos años. El ministro de Defensa, Gen Nakatani, señaló que Japón enfrenta un entorno de seguridad cada vez más desafiante, y que la defensa insular es una tarea prioritaria y urgente. Además, explicó que estos Ospreys operarán de manera coordinada con la brigada de despliegue rápido anfibio con sede en Sasebo, lo que permitirá una mayor movilidad y capacidad de respuesta ante amenazas externas.
Oposición interna y antecedentes preocupantes
Sin embargo, el uso de los V-22 Osprey sigue siendo altamente controvertido en Japón, especialmente en regiones del sur, donde existe preocupación por la seguridad operacional de estas aeronaves, tras diversos incidentes registrados en años recientes. En las inmediaciones de la nueva base, manifestantes exigieron la cancelación del despliegue, señalando que la población vive con miedo de un nuevo accidente.
En noviembre de 2023, un Osprey estadounidense se estrelló frente a la costa japonesa, dejando ocho víctimas mortales. Meses después, en octubre de 2024, un Osprey japonés falló durante un ejercicio con tropas de EE.UU., incidente atribuido posteriormente a un error humano.
El pasado vuelve a escena: revelaciones de crímenes de guerra en China
Mientras Japón impulsa su rearmamento, en China resurgen episodios sombríos del pasado que involucran directamente al Ejército Imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Esta semana, por primera vez, se presentó en la ciudad de Harbin una grabación inédita con la confesión de Masakuni Kurumizawa, ex técnico asistente de la infame Unidad 731, la cual operó como centro secreto de guerra biológica.
Kurumizawa relató que el destacamento desarrollaba y probaba armas biológicas utilizando como sujetos de prueba a prisioneros de guerra, a quienes se les inoculaban enfermedades letales como peste bubónica, cólera, ántrax y disentería. Afirmó que al menos 300 cuerpos fueron disecados, muchos de ellos aún con signos de vida, y describió procedimientos extremadamente crueles y sistemáticos.
La Unidad 731 —activa desde 1932— fue responsable de la muerte de más de 300.000 personas en territorio chino debido al uso de armas biológicas. Los experimentos fueron ocultados al término del conflicto por el propio Gobierno de EE.UU., que concedió inmunidad a varios oficiales japoneses, incluido el fundador Shiro Ishii, a cambio de obtener acceso exclusivo a sus datos experimentales. Gran parte de estos registros fue transferida a instalaciones estadounidenses como el Fuerte Detrick, donde operó el programa de armas biológicas de EE.UU. durante la Guerra Fría.
Geopolítica y memoria histórica
Estas revelaciones no solo exponen una parte oscura de la historia moderna japonesa, sino que ponen en tensión la narrativa actual de cooperación militar entre Japón y Estados Unidos, en contraste con la memoria histórica que prevalece en países como China, donde estos crímenes aún están muy presentes.
Por su parte, el primer ministro Shigeru Ishiba defendió el uso de los Ospreys en su discurso de campaña en Saga, asegurando que se trata de tecnología avanzada que mejora la capacidad de defensa y respuesta ante desastres naturales. Sin embargo, el momento en que resurgen los crímenes del pasado plantea interrogantes sobre el papel actual de Japón en la región y el tratamiento de su legado histórico.
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