El Congreso de Puebla analiza una iniciativa para reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a escenarios de violencia, abandono, descuido y otras condiciones que pongan en riesgo su bienestar. La propuesta, presentada por la diputada Guadalupe Yamak Taja, plantea modificar la ley estatal en la materia.
El proyecto busca ampliar las obligaciones de las autoridades estatales y municipales para prevenir, investigar, atender y sancionar casos con indicios de violencia familiar, omisión reiterada de cuidados o consumo problemático de alcohol y sustancias psicoactivas por parte de quienes tengan responsabilidades de crianza.
También incorpora como factores de riesgo las afectaciones emocionales, los problemas de salud mental sin atención adecuada y los conflictos graves de custodia. La iniciativa incluye cualquier otra circunstancia fundada que amenace la protección de las personas menores de edad.
Autoridades deberán actuar con perspectiva de género
La propuesta establece que las dependencias deberán intervenir con perspectiva de género y bajo el principio del interés superior de la niñez, además de garantizar confidencialidad, prevención, mínima intervención, no criminalización y respeto a los derechos humanos.
La legisladora plantea que la actuación institucional garantice a las infancias “una vida libre de violencia” y evite respuestas que las revictimicen o responsabilicen por las situaciones que enfrentan dentro de sus hogares o espacios de convivencia.
El proyecto también reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir orientación, educación, cuidado y crianza positiva. Por ello, prohíbe el castigo corporal y humillante por parte de quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia.
La restricción también abarcaría al personal de instituciones educativas, deportivas, religiosas, culturales, artísticas, médicas y de asistencia social, así como a cualquier espacio que atienda a personas menores de edad.
Proponen protocolo para detectar riesgos infantiles
La iniciativa plantea añadir el artículo 112 Bis para crear el Protocolo Estatal de Identificación Temprana de Riesgo Infantil en Contextos Familiares. El Sistema Estatal DIF tendría que elaborarlo junto con el Poder Judicial, la Secretaría de Salud y la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Con este instrumento, las autoridades buscarían detectar señales de riesgo antes de que escalen hacia agresiones más graves. La propuesta pretende ordenar la coordinación institucional y establecer una ruta común para proteger a la niñez poblana.
Fotografía: Especial
