La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este jueves 6 de agosto a Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, por su probable participación en el ocultamiento de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La orden de aprehensión contempla delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.
La fiscal Ernestina Godoy explicó que un reanálisis de la carpeta abrió nuevas líneas de investigación. Según la indagatoria, las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala grabaron la detención del autobús Estrella de Oro 1531 durante la noche del 26 de septiembre de 2014.
Testigos señalaron una orden desde el gobierno estatal
Las primeras versiones oficiales atribuyeron la ausencia de las grabaciones a fallas técnicas. Sin embargo, un testigo colaborador declaró en enero de 2026 que el material sí existía, que una persona lo sustrajo y que después lo entregó directamente a Ángel Aguirre. También explicó que guardó silencio por amenazas.
Un segundo testigo protegido reforzó esa declaración en mayo de 2026. De acuerdo con su testimonio, el entonces gobernador instruyó en una reunión con mandos de primer nivel que se debía “desaparecer cualquier evidencia” relacionada con lo ocurrido en las inmediaciones del Palacio de Justicia.
Godoy sostuvo que la Fiscalía cuenta con elementos para atribuir la instrucción al exmandatario y a servidores públicos estatales de alto nivel. “El ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada”, afirmó.
FGR detiene a Aguirre en el Estado de México
Después de revisar las actuaciones existentes, el Ministerio Público especializado en el caso Ayotzinapa solicitó la orden de aprehensión. Agentes federales detuvieron a Ángel Aguirre en Tepotzotlán, Estado de México, y lo pusieron a disposición de la autoridad judicial.
La captura coloca bajo investigación penal a quien gobernaba Guerrero cuando desaparecieron los estudiantes. Aguirre dejó el cargo en octubre de 2014, semanas después del ataque, mientras el caso se convertía en uno de los principales símbolos de impunidad y participación estatal en México.
Al momento del anuncio, la FGR y el Poder Judicial Federal no habían informado el lugar ni la hora de la audiencia inicial. Un juez deberá revisar los datos de la Fiscalía y definir su situación jurídica. Aguirre conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.
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