La detención de Antonio Hernández Pacheco, secretario de Seguridad Pública de Atlixco, será investigada sin que exista margen para la impunidad, afirmó el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta.
Este lunes, el mandatario estatal señaló que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) deberá proporcionar información detallada sobre el procedimiento y los elementos que derivaron en la captura del funcionario municipal.
Hernández Pacheco fue detenido durante un operativo y enfrenta señalamientos por abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal y cohecho.
Armenta sostuvo que las autoridades estatales actúan a partir de las investigaciones y las determinaciones emitidas por las instancias correspondientes, por lo que serán los procesos judiciales los que establezcan las responsabilidades de los involucrados.
Añadió que las actuaciones de las autoridades derivan de investigaciones realizadas durante varios años y de las órdenes emitidas por los tribunales, así como de las carpetas de investigación integradas por la Fiscalía General del Estado (FGE).
Siete mandos de seguridad detenidos
Con la captura del funcionario de Atlixco, suman siete servidores públicos vinculados con áreas de seguridad municipal detenidos durante la actual administración estatal.
Entre los casos registrados se encuentran las detenciones realizadas el 13 de julio de David Velázquez Sandoval, director de Seguridad Pública de Chietla; Gonzalo Torres Cardoso, responsable de Seguridad Pública de Tehuitzingo, y José Santiago Benítez Arista, de Chila de la Sal.
Los tres son investigados por presuntos delitos relacionados con encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento del deber legal.
Un día después fueron detenidos Ángel Miguel Garrido, director de Seguridad Pública de Tlaola; Evencio Rosas Luna, de Tlapacoya, y Manuel Martínez González, de Jopala. De acuerdo con las investigaciones, estos funcionarios estarían vinculados con una presunta red de protección criminal.
La Fiscalía General del Estado informó que continuará con las diligencias correspondientes para avanzar en las investigaciones y llevar los casos ante las instancias judiciales.
El gobierno estatal, mientras tanto, mantiene la postura de que las investigaciones deben continuar hasta determinar la responsabilidad de cada uno de los funcionarios señalados.
Ilustración: Iván Rojas
