La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, buscó colocar su trabajo de inteligencia como pieza determinante detrás del decomiso de más de 16 toneladas de metanfetamina en Sinaloa, uno de los mayores golpes recientes contra la producción de drogas sintéticas en México. La versión contrasta con la presentada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien situó el origen de la operación en las capacidades de las instituciones mexicanas.
De acuerdo con la agencia estadounidense, durante poco más de una semana fueron desmantelados ocho laboratorios relevantes de metanfetamina en territorio mexicano con algún grado de colaboración de la DEA. El organismo sostuvo que el complejo localizado en Sinaloa fue el mayor de esos aseguramientos y presentó los resultados como una muestra de la cooperación bilateral contra las cadenas de producción y financiamiento del crimen organizado.
Harfuch, sin embargo, explicó que el hallazgo derivó directamente del trabajo desarrollado por la Unidad de Inteligencia Naval, aunque reconoció que esas capacidades fueron fortalecidas mediante intercambio de información con agencias estadounidenses. Con ello, el funcionario diferenció entre la cooperación internacional y la conducción de una operación realizada por autoridades mexicanas.
Cooperación sí, pero sin ceder el mérito operativo
El complejo clandestino tenía una superficie aproximada de 5 mil 700 metros cuadrados y se convirtió en el segundo laboratorio de metanfetamina más grande localizado durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. La operación fue encabezada por la Secretaría de Marina, con participación de la SSPC y la Fiscalía General de la República, mientras que el laboratorio de mayores dimensiones había sido localizado previamente por el Ejército.
Además de las más de 16 toneladas de metanfetamina, las autoridades aseguraron más de 10 toneladas y litros de sustancias químicas empleadas para producir la droga, materiales que quedaron fuera de circulación como parte del operativo. Harfuch estimó que el aseguramiento representó una afectación económica cercana a 347 millones de dólares para la estructura criminal involucrada.
Frente al intento de la DEA por destacar su participación, Harfuch sostuvo que la colaboración con Estados Unidos continuará, pero bajo una relación basada en intercambio de información y respeto a la soberanía mexicana. El caso vuelve a colocar sobre la mesa la diferencia entre cooperación binacional y atribución de resultados en operativos ejecutados dentro del territorio nacional.
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