Leo en redes sociales y medios de comunicación que Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de la Ciudad de México, está bloqueada por trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Un grupo de médicos, enfermeras y personal administrativo monta guardia frente a las oficinas centrales del Instituto. Entre las consignas y reclamos, uno de los manifestantes grita: “Nosotros fuimos los que nos partimos la madre en el COVID”. Una expresión que resume el sentimiento de miles de trabajadores que consideran que sus esfuerzos y sacrificios durante la pandemia no han sido suficientemente reconocidos por las autoridades gubernamentales y sindicales.
Tiene razón este médico. Los verdaderos héroes durante la pandemia más importante de los últimos cien años fueron los médicos, enfermeras, camilleros, técnicos, trabajadores de limpieza y demás personal de salud. Mujeres y hombres que arriesgaron sus vidas para salvar las de otros. Muchos enfermaron, algunos murieron y otros quedaron con secuelas físicas y emocionales. Nunca la sociedad mexicana terminará de agradecerles sus esfuerzos y sacrificios. Sin embargo, el reconocimiento público, los aplausos y los homenajes no sustituyen los salarios dignos, las prestaciones laborales y las condiciones necesarias para desempeñar adecuadamente su trabajo. Los héroes también tienen derechos.
Precisamente, una de las grandes lecciones que dejó la pandemia fue que con la salud no se juega. Que los sistemas públicos de atención médica constituyen un asunto de seguridad nacional y que México necesita desarrollar capacidades científicas, tecnológicas e industriales para producir vacunas, medicamentos y equipo médico. También aprendimos que ningún país puede enfrentar una emergencia sanitaria sin suficientes médicos, enfermeras, hospitales y recursos presupuestales. El problema es que la memoria suele ser corta y las prioridades políticas terminan imponiéndose sobre las necesidades reales. Terminada la emergencia, muchas promesas quedaron pendientes y las deficiencias estructurales del sistema sanitario permanecieron.
Cuando concluyó la emergencia sanitaria sabíamos que México enfrentaba un déficit de personal médico que algunas estimaciones situaban cerca de los 300 mil profesionales. También conocíamos las carencias de infraestructura hospitalaria, equipamiento, medicamentos y mantenimiento. Era indispensable construir nuevos hospitales, rehabilitar los existentes, ampliar la formación de especialistas y mejorar las condiciones laborales. Estas necesidades fueron incorporadas a programas y discursos gubernamentales. Sin embargo, entre lo anunciado y lo realizado persisten diferencias importantes. La ampliación de la cobertura sanitaria requiere mucho más que decisiones administrativas: necesita planeación de largo plazo, presupuestos suficientes, personal capacitado y mecanismos permanentes de evaluación.
Uno de los grandes desafíos de la Cuarta Transformación ha sido la política de salud. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se emprendió una transformación del sistema de adquisición y distribución de medicamentos para combatir prácticas de corrupción. Era necesario revisar ese modelo, pero la modificación de los mecanismos de compra y distribución produjo problemas de abasto que afectaron a numerosos pacientes. A casi dos años del inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, las dificultades no han desaparecido. Las autoridades reportan avances en el suministro, mientras pacientes y trabajadores continúan denunciando faltantes. La corrupción debe combatirse, pero también debe garantizarse que los medicamentos lleguen oportunamente.
Es positivo ampliar el acceso a los servicios públicos de salud y avanzar hacia una cobertura universal. Sin embargo, esa aspiración implica mayores obligaciones presupuestales, administrativas y operativas para el IMSS y las demás instituciones sanitarias. No basta con incrementar el número de derechohabientes si las instalaciones, el personal y los recursos no crecen proporcionalmente. Los hospitales necesitan mantenimiento, instrumental, camas, medicamentos, materiales quirúrgicos y suficientes trabajadores. De lo contrario, la ampliación de la cobertura puede traducirse en saturación, tiempos de espera prolongados y sobrecarga laboral. El derecho constitucional a la protección de la salud debe corresponderse con capacidades reales para garantizarlo.
Las manifestaciones recientes son expresión de esas tensiones acumuladas. Antes de los bloqueos en Paseo de la Reforma se registraron protestas en por lo menos doce estados, entre ellos Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí y Veracriz. Los trabajadores denuncian que sus demandas no han encontrado respuestas satisfactorias. El conflicto tiene una dimensión salarial, pero también institucional y sindical. Rechazan el incremento integral del 6.8 por ciento aprobado por su sindicato, porque solamente el 2.9 por ciento corresponde directamente al salario tabular y el restante 3.9 por ciento a prestaciones. Los inconformes exigen un aumento directo de al menos 10 por ciento.
Para muchos trabajadores, el incremento propuesto significa una mejoría insuficiente frente al costo de la vida y las responsabilidades que desempeñan. Pero sus demandas van mucho más allá del salario. Exigen medicamentos, equipo médico, materiales quirúrgicos, contratación de personal, cobertura de plazas vacantes y mejores condiciones de jubilación. También reclaman la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, y una renovación democrática de su representación sindical. Denuncian presuntas represalias y restricciones a la libertad de expresión. Estas acusaciones deben investigarse y resolverse mediante procedimientos transparentes, respetando los derechos de todos los involucrados.
Hay otro elemento que no puede ignorarse: los acontecimientos registrados en unidades neonatales de Guadalajara y Durango, donde diversas familias han denunciado fallecimientos de recién nacidos asociados con infecciones hospitalarias. Las autoridades han anunciado investigaciones epidemiológicas, auditorías y cambios de responsables. Sería irresponsable atribuir automáticamente estas tragedias a restricciones presupuestales sin conocer los resultados de las investigaciones. Sin embargo, constituyen una advertencia sobre la importancia del mantenimiento sanitario, los protocolos de prevención, la vigilancia epidemiológica y la disponibilidad de insumos. La seguridad de los pacientes depende tanto de la preparación del personal como de las condiciones materiales de los hospitales.
Frente a las protestas, el gobierno federal abrió una mesa de diálogo a través de la Secretaría de Gobernación, con representantes de los inconformes y de la dirigencia sindical. Por su parte, Zoé Robledo reconoció el derecho de los trabajadores a manifestarse y anunció que el próximo 14 de octubre se realizará una consulta sobre el incremento salarial, mediante voto personal, libre, directo y secreto, con acompañamiento de las autoridades laborales. Mientras tanto, los trabajadores mantienen sus movilizaciones y han convocado a una marcha nacional para el martes 13 de octubre, adelantando la fecha inicialmente anunciada para el día 14.
La respuesta de Zoé Robledo merece analizarse. El director del IMSS recordó que desde 2019 se han incorporado más de cien mil trabajadores, se ha ampliado la infraestructura hospitalaria y aumentado la capacidad de atención. También reconoció que persisten problemas de saturación y abastecimiento, relacionados con el crecimiento de la demanda y las enfermedades crónicas. Son datos relevantes que deben considerarse. Sin embargo, el incremento de personal y servicios no demuestra, por sí mismo, que las condiciones laborales sean suficientes. La cuestión fundamental consiste en determinar si los recursos disponibles corresponden a las necesidades actuales y futuras de la institución.
Es el momento de la verdad para Zoé Robledo y para el gobierno federal. La consulta salarial del 14 de octubre representa una oportunidad para ejercer la democracia sindical, pero difícilmente resolverá por sí sola los problemas estructurales del Instituto. Se requiere un programa de atención inmediata para las demandas laborales y otro de fortalecimiento institucional de mediano y largo plazo. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene ante sí la oportunidad de colocar nuevamente la salud pública entre las grandes prioridades nacionales. Esto implica revisar presupuestos, garantizar medicamentos, mejorar hospitales, contratar personal y establecer compromisos verificables con los trabajadores y los derechohabientes.
Existe una responsabilidad compartida. Las autoridades deben escuchar y atender las inconformidades; la dirigencia sindical debe responder ante sus representados, y los trabajadores tienen derecho a protestar sin comprometer los servicios médicos esenciales. La sociedad tampoco puede permanecer indiferente. Aquellos médicos y enfermeras que durante la pandemia arriesgaron sus vidas merecen algo más que homenajes. México necesita un sistema público de salud sólido, eficiente, seguro y humanitario, capaz de responder ante futuras emergencias, pero sobre todo de atender las enfermedades y necesidades cotidianas de millones de personas. Los héroes del COVID siguen trabajando. Ahora corresponde a las instituciones demostrar que no los han olvidado.
Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
@onelortiz
