Cinco empresas presuntamente vinculadas entre sí concentraron contratos por más de 2 mil 400 millones de pesos para suministrar materiales electorales en México, mediante un esquema que habría limitado la competencia y elevado artificialmente los precios, reveló el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE).
Durante su comparecencia de este viernes 30 de octubre ante comisiones de la Cámara de Diputados, Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del OIC, explicó que las irregularidades abarcan contrataciones realizadas entre 2014 y 2025, tanto en el INE como en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
El funcionario presentó una investigación sobre la manera en que un grupo reducido de proveedores habría participado en concursos de contratación simulando competir entre ellos, pese a mantener vínculos a través de sus representantes legales.
Según los datos expuestos, esta posible coordinación permitió incrementar los precios de algunos materiales hasta 88 veces entre 2021 y 2024, aunque las autoridades deberán determinar las responsabilidades correspondientes.
¿Qué empresas están bajo investigación?
Carvente identificó a Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg, Comercializadora JVLY y Seriplast de México como las cinco compañías relacionadas con el esquema.
Los contratos reportados alcanzaron aproximadamente los siguientes montos:
- Cajas Graf: 1,072.8 millones de pesos.
- Formas Finas y Materiales: 815.9 millones.
- Corporativo Zeg: 278.7 millones.
- Comercializadora JVLY: 208.3 millones.
- Seriplast de México: 85.1 millones.
El contralor señaló que existen coincidencias entre representantes y apoderados legales de distintas compañías, lo que podría indicar acuerdos para aparentar competencia durante los procesos de adquisición.
Entre las personas mencionadas figura José Alfredo Hernández Casillas, a quien el funcionario relacionó con varias empresas y con el entorno de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei. Estos vínculos forman parte de los señalamientos que deberán investigarse y no constituyen, por sí solos, pruebas de responsabilidad.
Por su parte, el diputado Javier Herrera Borunda, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ya había advertido que la concentración de proveedores podría extenderse por más de dos décadas.
El OIC considera que el problema no corresponde únicamente a una administración del INE, sino a una posible práctica prolongada en las compras de materiales electorales, cuyo alcance deberá esclarecerse mediante las investigaciones y auditorías correspondientes.
Fotografía: Redes
