En un nuevo capítulo de su ofensiva legal contra las llamadas “ciudades santuario”, el Gobierno del presidente Donald Trump presentó este jueves una demanda federal contra la ciudad de Nueva York, acusándola de “obstruir” la aplicación de las leyes migratorias federales y de poner en peligro la seguridad pública.
La querella, interpuesta por el Departamento de Justicia, sostiene que las políticas migratorias de la ciudad —que impiden a las fuerzas del orden colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)— han permitido que “criminales peligrosos” permanezcan en libertad. El escrito señala directamente al alcalde Eric Adams, a la comisionada de policía Jessica Tisch y a varios otros funcionarios municipales. Afirma el documento judicial:
“Nueva York ha estado durante mucho tiempo en la vanguardia de la interferencia con la ley migratoria federal. Sus esfuerzos solo se han intensificado”.
La demanda surge apenas días después de un tiroteo en Manhattan en el que un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), fuera de servicio, fue gravemente herido. Las autoridades vinculan el ataque con las políticas de “santuario”, alegando que uno de los sospechosos —con múltiples arrestos previos y una orden de detención migratoria— fue liberado por la ciudad en 2024.
La secretaria de Justicia, Pam Bondi, arremetió contra las autoridades locales:
“La ciudad de Nueva York ha liberado a miles de criminales a las calles para cometer crímenes violentos contra ciudadanos que siguen las leyes. Si la ciudad no protege a sus ciudadanos, nosotros lo haremos”.
Políticas en el centro de la controversia
Las leyes de ciudad santuario, vigentes desde 1989 y ampliadas en 2014 por el entonces alcalde Bill de Blasio, impiden que la policía local colabore con ICE, incluyendo la negativa a mantener detenidas a personas más allá de su fecha de liberación a pedido del gobierno federal. También incluyeron el cierre de una oficina de ICE en la cárcel de Rikers Island.
El alcalde Adams ha respaldado la esencia de estas políticas, aunque ha pedido una revisión. “Apoyo los principios, pero he instado al Concejo Municipal a reexaminarlos para garantizar que podamos cooperar eficazmente con el gobierno federal en casos de criminales violentos”, dijo su portavoz, Kayla Mamelak Altus. Hasta el momento, el Concejo no ha respondido ni ha modificado la normativa.
Organizaciones defensoras de los derechos migrantes, como la New York Immigration Coalition, han criticado la demanda del gobierno federal. Argumentan que las políticas de santuario aumentan la seguridad al permitir que los inmigrantes denuncien delitos sin miedo a ser deportados. Estudios citados por la coalición indican que los condados con políticas santuario tienen 35,5 delitos menos por cada 10.000 habitantes en comparación con aquellos sin dichas protecciones.
La demanda contra Nueva York se suma a una estrategia judicial del presidente Trump contra ciudades y estados gobernados por demócratas como California, Colorado, Illinois y Nueva Jersey. Su ofensiva legal busca desmantelar el entramado de políticas locales que protegen a inmigrantes indocumentados, una de sus principales banderas políticas desde su llegada a la presidencia en 2017.
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