El Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII, su nombre actual), surgió en 1984 como una forma de evitar el colapso de la academia y los procesos de investigación nacional debido a la crisis del 82. Su origen tiene como intención disminuir los efectos de la reducción salarial efectiva para las y los investigadores y profesores, que había rebasado el 60% debido a la devaluación, la inflación y los recortes, así como ayudar a mantener -y generar- proyectos nacionales de investigación. Mediante él, se entrega mensualmente una compensación económica para quien cumple con ciertos requisitos, algo que en muchos casos, supera incluso el propio sueldo base de sus plazas.
La propuesta de su surgimiento nació del órgano equivalente a lo que hoy sería la Academia Mexicana de Ciencias, que buscó un mecanismo que permitiera mantener sueldos, apoyos para investigación y academia, pero que al mismo tiempo, redujera el costo de mantener este sistema. Debido a ello, se constituyó como un subsidio con reglas de operación basadas en la idea de producción -lo que le convertía de acuerdo con ese discurso, en un resultado del mérito del investigador-, algo que tuvo tres efectos nocivos para las y los trabajadores académicos.
El primero, es que la forma en que se diseñó creó una ruptura al interior de las y los trabajadores académicos, jerarquizándolos y más importante, separando a aquellos que tenían mayor capital -cultural y simbólico- del problema de la precarización inmediata. Es decir, las y los académicos “de élite”, aquellos que tenían contactos, espacios, reconocimiento, voz y canales, recibirían, por ello mismo, más dinero que el resto. El problema directo del ingreso se solucionaba para ellos y por ello -salvo algunas excepciones- la gran mayoría se alejó de la lucha por mejorar las condiciones del sector.
Esto sin embargo, no es una solución de fondo, pues el segundo efecto de esta solución, consiste en una pérdida efectiva de valor del trabajo académico. Al ser un subsidio, éste no entra como salario en las cuentas de la seguridad social. Por un lado, se evita claro, la tasación del mismo -algo que tampoco es del todo benéfico para el país, por cierto- pero por otro, esa cantidad no ingresa para pensiones, vacaciones, compensaciones salariales y otras prestaciones vinculadas. De esta forma, aunque en la práctica se recibe más dinero dentro del sistema que fuera de él, el valor del trabajo disminuye por su causa.
Finalmente, el sistema permitió -especialmente desde la reglamentación de su otorgamiento a instituciones privadas- la precarización salarial directa y el estancamiento de los aumentos. Profesoras y profesores reciben una cantidad similar ahora, que la de hace una década por realizar el mismo trabajo, con aumentos mínimos, debido a que el subsidio cubre las necesidades básicas y que las universidades saben que las y los profesores necesitamos de ellas para obtenerlo. Después de todo, el requisito de ser un profesor en una institución de educación superior para recibir el estímulo del Sistema, hace que muchas y muchos acepten sueldos muy por debajo de su valor real, porque al final del día “el SNII lo compensa”. Justito como se hace con las propinas en los restaurantes.
Estas tres cuestiones, se han encontrado al mismo tiempo, con un problema cada vez más acuciante. El aumento de la población hace una demanda cada vez mayor de espacios universitarios, algo que no se ha traducido, sin embargo, en una mejora de las condiciones de las y los profesores ni tampoco -mucho menos incluso- en la creación de plazas para profesores de tiempo completo o medio tiempo que compense ese aumento. Además de ello, el aumento de clases y actividades escolares y administrativas ha generado que muy pocas de las y los profesores tengan la posibilidad de dedicarse a la investigación de manera no digamos absoluta -algo que el sistema mismo rechaza en casi todos los casos- sino inclusive, predominante.
Como estas condiciones generan una tensión hacia todo el sistema educativo, lo que ha sucedido es la creación de nuevas capas o niveles de académicos, cada vez más precarizados. En muchas ocasiones, el trabajo de investigación se empuja hacia fuera de las actividades laborales propiamente remuneradas, exigiendo más horas de clase así como trabajo académico y administrativo. Esto significa tener que realizar lecturas, escritura, experimentación, entrevistas, reflexión, en horarios, días y épocas poslaborales. No resulta raro, en las facultades de ciencias e ingenierías, ver solicitudes de utilización de equipos, laboratorios o espacios de trabajo en la madrugada -algo que de acuerdo con reglas internacionales, genera riesgos-, ni tampoco ver a compañeras y compañeros de las áreas de sociales, humanidades o biológicas, realizar grandes desplazamientos para participar y observar procesos sociales en días y periodos que oficialmente son “de descanso”. No existe otra forma de cumplir con los requisitos del sistema.
Existe incluso un problema adicional en cómo se están estructurando. Como estas dinámicas resultan problemáticas para la vida familiar e incluso en algunas ocasiones para la salud, mucho del trabajo académico, tanto en formación/docencia como en investigación y divulgación es realizado por académicos jóvenes o precarizados, que se encuentran ellos mismos en periodos de supuesta “formación” o bien, en fases iniciales de la carrera académica con la promesa -nunca abierta- de que en el mañana pertenecerán al Sistema. En la gran mayoría de las facultades, el grueso de la investigación y especialmente, la docencia, es realizado por estas académicas y académicos, que además no suelen cumplir con los requisitos solicitados para tener el estímulo del SNII, lo que aunado con la imposibilidad de aumentar las plazas, genera una oportunidad para el mercado, que recibe una transmisión de personal altamente calificado, con características de precarización inmediata. Un ejército de reserva académico.
Esto beneficia profundamente a estas universidades, que no sólo no tienen que gastar en la formación de cuadros para su propia supervivencia, sino que al mismo tiempo, privatizan esa formación para el beneficio de sus clientes/alumnos. Los mecanismos de captación, repito, se hacen de forma precarizada, porque las universidades privadas saben de la necesidad de las y los académicos, para después intentar presentar este doble mecanismo como un “beneficio social” o incluso -lo he escuchado- como una suerte de favor al profesor-investigador.
Resulta claro así, que el sistema tal y como existe en este momento, es un proceso de subsidio-transferencia de cuadros altamente capacitados para la industria y el mercado universitario privado, que se beneficia, así, de no tener que pagar el verdadero valor del trabajo académico de sus trabajadores. Al mismo tiempo, al presentar la noción, falsa en todo sentido, de que se trata de una competencia basada en el valor personal de los candidatos, se refuerza la idea de que es algo “que se ha ganado” y por lo tanto que “el profesor precario es precario porque quiere”, pues sólo basta con trabajar duro, esforzarse y las plazas estarán ahí para ellos.
Ayer, la Suprema Corte ha decidido que las reformas a la ley que colocaban límites a este proceso de transferencia público-privado y de subsidio al trabajo en la iniciativa privada, era constitucional. Se reconoce, claro, que el trabajo realizado por un profesor es equivalente, sin importar dónde se realice esta actividad, pero que eso no significa que no puedan existir limitaciones en ese aspecto. Para algunos esto es una sorpresa, aunque el resto lo vemos claro. Es como pensar que porque un médico realiza una actividad equivalente en un hospital privado, al que se realiza en uno público, el estado tendría que pagarle. Un sinsentido total.
Las condiciones hoy, se dan perfectamente para que quienes somos profesores de la iniciativa privada, empezamos a pedir un pago justo por nuestra labor, si creemos -sabemos, pensamos- que éste no se da. Exigir a quien recibe el lucro por nuestra actividad, que cubra ese espacio que ha quedado vacío, porque vemos que a quienes tienen la suerte de contar con una posición en el ámbito público, su patrón -el estado, que es de ellos, pero no de quien trabaja en lo privado- les paga, aunque sea mediante subsidios, mejor.
Muchas y muchos trabajadores académicos de estas instituciones, se encuentran molestos. Yo lo entiendo perfectamente, pues el sistema ha colocado primero unas ciertas reglas, que nos han hecho tomar decisiones de vida, para después cambiarlas. Pero el enojo, creo yo, no puede ir contra el estado. Como en el caso de los meseros y las propinas, para tomar el ejemplo con que he comparado este caso, no es con el cliente con quien debe molestarse quien no recibe ninguna, sino contra su patrón, que no le paga adecuadamente.
Es una lucha que hay que dar. Y que, estoy seguro, si lo hacen, no tendrán que darla ellas y ellos solos.
