Tuve la oportunidad de estar en Venezuela entre el 13 y el 23 de junio del presente año. Mi presencia inicialmente estaba programada para la semana siguiente, pero debido a que el 19 y 22 de junio se celebró el congreso “Patria es primero” que conmemoró el 200 aniversario del Congreso Anfictiónico de Panamá, el ciclo de conferencias que debía impartir en el Centro de Estudios Latinoamericano Romulo Gallegos (CELARG) se adelantó una semana. Esa casualidad ocasionó que tuviera la fortuna de salir de Venezuela un día antes de que ocurrieran los dos terribles terremotos que sufrió con segundos de diferencia el día 24 de junio aproximadamente a las 6 de la tarde. Venezuela, su pueblo, tiene ahora que sobrevivir a dos traumas colectivos: la invasión militar fulminante de la madrugada del 3 de enero del presente año y ahora la catástrofe ocasionada por los dos terremotos del 24 de junio.
Las cifras son elocuentes: se estiman aproximadamente 5,000-5,200 muertos y alrededor de 17,000 heridos mientras que la cifra de desaparecidos oscila entre 17,000 y 50,000. Casi 200 edificios se derrumbaron (la mayor parte de ellos en el estado de La Guaira), 856 se encuentran con severos perjuicios mientras que otros 9,900 observan algún tipo de daños. Casi 18,000 personas se quedaron sin hogar y 128,000 familias resultaron afectadas. Situación muy difícil para un país que en los últimos dos años apenas se estaba recuperando de las 1,042 Medidas Coercitivas Unilaterales, el embargo en los hechos de las 4,000 estaciones de servicio CITGO en Estados Unidos, la retención de las 31 toneladas de oro (4,000 millones de dólares).
La situación de Venezuela, que sería de gran dificultad para cualquier otro país que estuviera en una situación normal, se hace aún más difícil por las condiciones que tiene que enfrentar el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez después de la invasión del 3 de enero. Analistas como Sergio Rodríguez Gelfenstein no vacilan en calificar la situación actual como la de un “protectorado de facto” y Elías Jaua utiliza la expresión “Estado tutelado”. Cualquiera que sea la expresión que se use, el hecho cierto es que después del 3 de enero la soberanía de Venezuela, razón de identidad del bolivarianismo y el del chavismo, se encuentra severamente recortada: los ingresos de la comercialización del petróleo, el gas y el oro son controlados por los Estados Unidos; las decisiones de a quien se pueden vender estos recursos no están en las manos del gobierno venezolano; Venezuela ha tenido que modificar la Ley de Hidrocarburos, la de Minería, la Ley de Amnistía entre otras. Ciertamente puede decirse que estas reformas pudieron estar contempladas con anterioridad a la agresión estadounidense, pero el que se hayan hecho después de la misma cambia radicalmente su contexto.
Durante los días que estuve en Venezuela tuve el privilegio de visitar la Comuna La Veguita en particular el Consejo Comunal Kaika-Shi y luego en los Altos Mirandinos en el Estado de Miranda, a la Comuna El Legado de Chavez, la de San Diego Guatopori y al Consejo Comunal 23 de enero de la Comuna Cacica Urquía. Gracias a la generosa disposición de mi querida amiga Christiane Valles, coordinadora de Gestión Estratégica y Asuntos Internacionales del CELARG, tuve la oportunidad de tener un conversatorio con once intelectuales de primer nivel de quienes tuve el privilegio de escuchar sus opiniones sobre la situación del país después de la invasión. Pude hablar con muchas otras personas durante esos días e intercambiar opiniones con los asistentes al congreso conmemorativo “Patria es primero”. Salí de Venezuela con una imagen fresca y realista de lo que acontecía en Venezuela, solamente para enterarme al día siguiente que una tragedia natural se había agregado a la intervencionista del 3 de enero. Obviamente el país no es el mismo que el que pude percibir en los días anteriores al terremoto, pero tampoco ha cambiado esencialmente.
El gobierno de Venezuela ha tenido que enfrentar en los días posteriores a los terremotos la esperada campaña difamatoria orquestada por las derechas y el imperio. Una acometida se ha dirigido contra las 5.260,000 viviendas sociales construidas por la revolución bolivariana a lo largo de los 27 años de su existencia. La narrativa reaccionaria ha pregonado que han sido esas viviendas, mal construidas y producto de la corrupción, las que mayoritariamente (52.6%) se han venido abajo con los terremotos. Se trata, por supuesto de una falsedad más de las que cotidianamente se dirigen contra dicha revolución. La verdad es que el 80% de los edificios que se derrumbaron en La Guaira corresponden a desarrollos habitacionales de carácter privado. Y en Caracas las zonas más afectadas fueron barrios residenciales con Los Palos y Altamira.
Las noticias de hospitales sumidos en caos y un gobierno que no sabía qué hacer ante el desastre no se hicieron esperar. Lo cierto es que el gobierno desplegó de forma masiva a las brigadas de Protección Civil, bomberos y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para las labores de búsqueda, rescate y remoción de escombros en las zonas más críticas de La Guaira y Caracas. Se lograron rescatar vivas de entre los escombros a más de 6,000 personas. Se centralizó la respuesta económica y logística a través de un nuevo programa bandera llamado Misión Venezuela Renace, enfocado en la reconstrucción de infraestructura dañada y mejoras en las edificaciones afectadas. Las autoridades habilitaron refugios y campamentos temporales, implementando censos biométricos para organizar la entrega de ayuda humanitaria, alimentos y planificar la futura reubicación de más de 17,000 personas que perdieron sus hogares.
A lo largo de los días que estuve en Venezuela recogí testimonios de enorme frustración con las personas con las cuales hablé. Acostumbradas las bases chavistas a tener una dirigencia personalizada en un presidente asertivo y explícitamente antiimperialista como lo fueron Hugo Chávez y después Nicolás Maduro, hoy advierten un gobierno cuidadoso con las palabras, omiso en información, sin respuestas a las interrogantes que se generan y que son silenciosos ante los actos ultrajantes que Washington a menudo ostenta. Pese al enojo que pude percibir en las Comunas y Consejos Comunales que visité, pese a la frustración que percibí en las personas con las cuales hablé, nunca escuché lo que fuera de Venezuela he oído: que hubo traición a Maduro y que él y Cilia Flores fueron entregados. En las Comunas, la gente le da el beneficio de la duda al gobierno, confía en que tiene una estrategia y comprenden su prudencia porque temen por la vida de Maduro.
Lo que oí entre comuneros, intelectuales y gente de diverso tipo fue una evaluación realista de la correlación de fuerzas militares entre Estados Unidos y Venezuela. La densidad demográfica en Caracas es tal, dijo uno de los intelectuales en el conversatorio referido, que un bombardeo más allá del Fuerte Tiuna hubiese dejado 45,000 muertos. “Nuestros misiles eran del 2008” dijo otro de los asistentes al conversatorio, “demasiado obsoletos para enfrentarnos a los invasores”. Héctor Rodríguez, ex gobernador de Miranda y actual ministro de Educación dijo: “Respeto a quienes dicen que deberíamos habernos inmolado, pero me gustaría saber si se hubieran venido a inmolar con nosotros”. Ricardo Molina, director de la Escuela Técnica de Planificación también expresó “No nos vamos a inmolar, tenemos más oportunidad estando vivos”.
En las Comunas y Consejos Comunales que visité, me sorprendió mucho oír reiteradamente las categorías de “poder constituido” y “poder constituyente”. Ricardo, un jovencito de 18 años, con una sorprendente precocidad intelectual me indicó: “El poder constituido en Venezuela es un rehén, es al poder constituyente, a nosotros, a quienes nos toca hacer la mayor parte de la resistencia a la intervención. El solo hecho de que mantengamos funcionando a la Comuna es ya resistencia, tenemos que resistir y esta resistencia será prolongada”. Desde el gobierno, aunque el margen de acción es muy estrecho, la apuesta está en el tiempo, en el mantenimiento de las 5,400 comunas y los más de 50,000 consejos comunales, en la organización y mantenimiento del poder popular y en mantener viva la llama que logró en estos 26 años la derrota política de la derecha proimperialista.
El 12 de abril de 2002, Hugo Chávez fue derrocado por un golpe de estado en el cual participó un parte de las fuerzas armadas. Fue apresado y llevado por la fuerza a la isla de la Orchila. Al día siguiente, desde los cerros plagados de asentamientos habitacionales una marea popular inundó las calles de Caracas y cercó al Palacio de Miraflores, la parte del ejercito que no participó en el golpe se rebeló contra el presidente golpista Pedro Carmona y tuvo que renunciar. El vicepresidente de Chavez, Diosdado Cabello salió de la clandestinidad asumió la presidencia temporalmente y ordenó el rescate de Chávez. En la madrugada del 14 de abril, Hugo Chávez retomó oficialmente el poder presidencial. Durante mis días en Venezuela he escuchado la evocación de aquellos días que es sellada con esta frase: “Ya vivimos el 12 de abril, ya nos llegará un nuevo 14 de abril”.
