El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU concluyó que la captura y posterior encarcelamiento del expresidente peruano Pedro Castillo carecieron de sustento legal suficiente. El organismo pidió al Estado peruano disponer su liberación inmediata, garantizarle una indemnización y abrir una investigación sobre las posibles irregularidades cometidas durante el procedimiento iniciado el 7 de diciembre de 2022.
En un documento de 19 páginas, los especialistas determinaron que Castillo todavía se encontraba protegido por el fuero presidencial cuando fue detenido, pues el Congreso no había completado previamente el procedimiento para retirarle la inmunidad. También cuestionaron que la orden fuera emitida por el Ministerio Público, institución que, según su análisis, no reúne las características de una autoridad judicial independiente facultada para ordenar una privación de la libertad.
El grupo de la ONU señaló además que durante la destitución y las primeras diligencias judiciales se vulneraron garantías esenciales del debido proceso. Castillo no habría sido notificado con oportunidad para preparar su defensa antes de que el Congreso aprobara la vacancia por incapacidad moral permanente, y durante la audiencia de prisión preventiva fue representado por un defensor público que no eligió y que tuvo poco tiempo para revisar el expediente.
A partir de esas irregularidades, el organismo consideró que Perú pudo haber incumplido los artículos 3, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, relacionados con la libertad, la seguridad personal, el acceso a un juicio imparcial y la presunción de inocencia. Aunque sus conclusiones no son jurídicamente vinculantes, la ONU sostuvo que la reparación adecuada incluye poner en libertad a Castillo sin demora y compensarlo por los daños sufridos.
La detención ocurrió después de que el entonces mandatario anunciara la disolución temporal del Congreso, la instalación de un gobierno de excepción y la reorganización del sistema de justicia. Castillo planteó convocar elecciones legislativas y elaborar una nueva Constitución en un plazo de nueve meses, pero el Congreso aprobó su destitución y el Ministerio Público ordenó su captura por presunta rebelión y quebrantamiento del orden constitucional.
Pedro Castillo gobernó Perú entre 2021 y 2022 con el respaldo inicial de Perú Libre. Desde su encarcelamiento ha solicitado en distintas ocasiones el fin de la prisión preventiva, mientras enfrenta acusaciones por rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. El pronunciamiento de Naciones Unidas coloca nuevamente bajo escrutinio la legalidad de su captura y la actuación de las instituciones peruanas durante la crisis política que provocó su salida del poder.
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