Un informe conjunto de Human Rights Watch y la Unión Americana de Libertades Civiles documentó golpes, negligencia médica y condiciones degradantes contra migrantes recluidos en Camp East Montana, una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ubicada en la base militar Fort Bliss, Texas. De 71 personas entrevistadas durante cinco meses, 64 dijeron haber sufrido agresiones o presenciado abusos físicos, cerca del 90 por ciento de los testimonios recabados.
El documento, de 84 páginas, señala que los detenidos enfrentaron baños cubiertos de heces, áreas habitacionales inundadas, falta de jabón, comida en mal estado y periodos prolongados sin luz solar ni aire fresco. También denunciaron obstáculos para recibir atención médica y comunicarse con sus abogados o familiares. El Departamento de Seguridad Nacional, responsable del ICE, no respondió a las acusaciones.
Las denuncias se suman a por lo menos tres muertes ocurridas bajo custodia desde la apertura del centro, entre ellas la de un migrante cubano de 55 años que dejó de respirar después de ser inmovilizado por guardias. Un médico forense determinó posteriormente que el fallecimiento fue un homicidio, mientras que una revisión federal indicó que pruebas relacionadas con el caso estaban perdidas o habían sido destruidas.
Contratos millonarios y supervisión deficiente sostienen el centro migratorio
El ICE sustituyó en marzo a Acquisition Logistics, LLC, empresa que recibió un contrato de hasta mil 300 millones de dólares para construir y administrar el campamento, pese a no contar con experiencia previa en centros de detención migratoria. Una revisión interna identificó 49 deficiencias relacionadas con el uso de la fuerza, las medidas de sujeción, la seguridad y la atención médica.
El cambio de contratista no terminó con los abusos. Entrevistas realizadas apenas el mes pasado señalaron que los migrantes continuaban encerrados durante semanas, recibían alimentos en horarios irregulares y podían pasar hasta 12 horas sin comer. Algunos testimonios aseguran que los guardias respondían con golpes ante huelgas de hambre, solicitudes médicas o quejas sobre las condiciones del lugar.
Human Rights Watch y la ACLU también denunciaron amenazas, castigos colectivos y presiones para obligar a los detenidos a abandonar sus solicitudes migratorias y aceptar expulsiones hacia terceros países. Los investigadores advirtieron que algunos casos podrían constituir desapariciones forzadas y exigieron el cierre del centro, investigaciones independientes sobre las muertes y el fin de un sistema de detención que convierte la política migratoria estadounidense en un espacio de violencia, opacidad y lucro privado.
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