Organizaciones civiles exigieron la revocación de la concesión de Agua de Puebla tras denunciar omisiones, falta de inversión y deficiencias para prevenir las inundaciones que afectaron recientemente distintos puntos de la capital poblana.
Las agrupaciones Asamblea Social del Agua (ASA) y Colectiva por el Bienestar Social señalaron que las lluvias recientes evidenciaron la falta de planeación de la empresa, también conocida como Concesiones Integrales, para responder al colapso del drenaje y a otras contingencias urbanas.
Aunque reconocieron que las obras de infraestructura requieren coordinación con los gobiernos estatal y municipal, afirmaron que la concesionaria debe atender las emergencias que genera la saturación del sistema pluvial.
José Luis García Bello, representante de la Asamblea Social del Agua, señaló que el artículo 76 de la Ley Estatal del Agua establece que las aguas pluviales forman parte de las redes públicas para su conducción y tratamiento, por lo que la empresa debe responder ante este tipo de contingencias.
En ese sentido, sostuvo que Agua de Puebla debe asumir responsabilidad por las afectaciones que enfrentaron habitantes, comerciantes y automovilistas, principalmente en el Centro Histórico, ya que cobra un 30 por ciento adicional por drenaje y saneamiento en sus recibos.
La tromba del pasado 28 de junio provocó inundaciones en el Centro Histórico, principalmente en la 2 Oriente, el corredor 5 de Mayo y la zona de San Francisco, donde diversos comercios reportaron daños, algunos con pérdidas totales.
El colapso del drenaje también dejó vehículos varados y puso en riesgo a familias debido al nivel que alcanzó el agua en distintos puntos de la ciudad, donde la red no logró desalojar el volumen de lluvia.
Acusan opacidad tras comparecencia en el Congreso
Durante el mismo evento, los defensores del agua calificaron como opaca e insuficiente la comparecencia que Agua de Puebla realizó el 7 de julio ante el Congreso local, al considerar que los datos expuestos confirmaron incumplimientos en su contrato.
Las activistas María Eugenia Ochoa García y Ana Lluvia García Vilchis señalaron que la empresa solo cumple con cuatro de los 17 indicadores relacionados con el servicio de agua potable y que, pese a reportar conocimiento del 80 por ciento de la red, no garantiza el suministro mínimo de cuatro días por semana.
También afirmaron que la concesionaria mantiene rezagos en el tratamiento de aguas residuales, la sustitución de infraestructura y la atención oportuna de fugas, por lo que exigieron una auditoría al presupuesto ejercido en 2025.
Las organizaciones sostuvieron que las irregularidades acumuladas desde que Agua de Puebla recibió la concesión en 2014 justifican su revocación sin indemnización, al asegurar que esta medida no afectaría la continuidad del servicio para la población.
Fotografía: Agencia Enfoque
