El senador colombiano Iván Cepeda advirtió que las políticas impulsadas por el gobierno de Abelardo de la Espriella están profundizando la tensión social y política en Colombia, en medio de nuevas protestas, cuestionamientos por las reglas aplicadas a las movilizaciones y dudas de la oposición sobre las garantías electorales rumbo a 2027.
Cepeda sostuvo que la movilización nacional del pasado 14 de octubre, en la que participaron sindicatos, estudiantes, organizaciones indígenas y otros sectores sociales, podría ser apenas el inicio de una etapa de mayor presión contra el Ejecutivo. A su juicio, si el Gobierno mantiene el rumbo actual, el conflicto podría escalar hacia nuevas jornadas de protesta e incluso un paro general.
El dirigente del Pacto Histórico anticipó que la oposición combinará movilización ciudadana, control político desde el Congreso y participación electoral para intentar frenar medidas que considera regresivas en materia de libertades y derechos.
Uno de los principales puntos de choque es el denominado Estatuto Antiterrorista, promovido por el gobierno de De la Espriella como parte de su política de seguridad. El Ejecutivo sostiene que busca dar mayores herramientas a la Fuerza Pública frente al crimen y grupos armados; Cepeda y otros opositores advierten que podría ampliar facultades estatales de manera riesgosa para la protesta social y las garantías judiciales.
Oposición también cuestiona garantías para 2027
Cepeda también puso bajo la lupa el sistema electoral de cara a los comicios regionales del próximo año. Aseguró que su sector ha presentado alrededor de 30 acciones ante autoridades por supuestas irregularidades detectadas durante las elecciones de 2026, y pidió revisar los mecanismos de escrutinio y seguridad de los datos.
El senador plantea además ampliar la oposición más allá del Pacto Histórico e incorporar a sectores de clase media, académicos, periodistas, jueces, artistas y trabajadores públicos que, según su análisis, podrían sentirse afectados por las decisiones del Ejecutivo.
Aunque Cepeda aseguró que su sector estaría dispuesto a discutir asuntos fundamentales con el Gobierno, consideró poco probable que De la Espriella impulse una ruta de diálogo amplio. Su prioridad, afirmó, será defender la Constitución de 1991, las instituciones democráticas y los derechos ciudadanos.
Las advertencias se producen mientras el Gobierno endurece su discurso en seguridad. De la Espriella ordenó además una “ofensiva total” contra el ELN y las disidencias de las FARC, reforzando una estrategia centrada en el uso de la fuerza que ya genera fuertes diferencias con la oposición.
Fotografía: Redes
