El nominado para encabezar la Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, Jay Clayton, respaldó la reactivación de la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, mecanismo que permite a las agencias estadounidenses intervenir comunicaciones de personas extranjeras ubicadas fuera del país sin solicitar una orden judicial individual para cada objetivo.
Durante su comparecencia ante el Comité de Inteligencia del Senado, Clayton presentó esta herramienta como indispensable para perseguir a organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional. El funcionario sostuvo que la Sección 702 intervino en más del 90 por ciento de las operaciones antidrogas facilitadas por la CIA durante 2025, por lo que defendió ampliar su uso dentro de la estrategia de seguridad estadounidense.
La propuesta contempla que las agencias de inteligencia compartan información con corporaciones policiales y grupos especiales encargados de perseguir a los cárteles. A través del análisis coordinado de comunicaciones y datos, Washington pretende generar nuevos objetivos prioritarios y líneas de investigación, colocando bajo su aparato de vigilancia a personas y organizaciones ubicadas fuera de su territorio.
Una maquinaria de vigilancia que amplía su alcance mundial
Aunque el Gobierno estadounidense asegura que la Sección 702 se dirige únicamente contra objetivos específicos, las cifras muestran una expansión considerable del programa. Durante 2025, la inteligencia de Estados Unidos mantuvo bajo vigilancia a 349 mil 823 objetivos extranjeros, frente a los 291 mil 824 registrados un año antes, sin detallar cuántas personas fueron monitoreadas indirectamente.
La estrategia impulsada por Clayton también busca fortalecer el uso de inteligencia económica para rastrear movimientos financieros, estructuras comerciales y recursos considerados ilícitos. El nominado vinculó la seguridad nacional con la estabilidad económica y respaldó el intercambio de información financiera entre agencias, empresas privadas y gobiernos aliados para desarticular redes relacionadas con el narcotráfico.
El punto más controvertido es que Clayton rechazó imponer nuevas órdenes judiciales para consultar información recopilada previamente por las agencias. En el caso de personas extranjeras, Estados Unidos mantiene una vigilancia basada en autorizaciones generales y no en permisos judiciales individualizados, lo que ha provocado cuestionamientos sobre privacidad, soberanía y el alcance extraterritorial de sus operaciones de inteligencia.
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