Un tribunal federal de apelaciones rechazó la política del gobierno de Donald Trump que imponía la detención obligatoria, sin posibilidad de solicitar fianza, a determinados migrantes arrestados dentro de Estados Unidos.
El Noveno Circuito de Apelaciones resolvió por dos votos contra uno que las personas detenidas lejos de la frontera no deben quedar automáticamente sujetas al régimen de detención obligatoria utilizado por la administración estadounidense. El fallo permite que soliciten una audiencia de fianza, aunque un juez todavía puede negarles la liberación.
La administración Trump argumentó que una reforma migratoria aprobada en 1996 permitía mantener detenidos sin fianza a quienes ingresaron al país sin autorización, incluso cuando fueran arrestados años después en el interior.
Sin embargo, la mayoría del panel determinó que esa disposición corresponde principalmente a personas detenidas al intentar ingresar por la frontera. Para quienes ya se encuentran dentro del territorio, consideró aplicable otro apartado legal que contempla la posibilidad de obtener una audiencia de fianza.
La resolución fue elaborada por el juez Daniel Bress, nombrado durante el primer mandato de Trump, y respaldada por la magistrada M. Margaret McKeown. El juez Carlos Bea votó en contra al considerar válida la interpretación de la Casa Blanca.
Fallo deriva de una demanda colectiva
El caso fue promovido por Ramón Rodríguez Vásquez, quien ingresó a Estados Unidos en 2009 y fue detenido por autoridades migratorias en 2025. Tras negársele inicialmente la posibilidad de una fianza, presentó un recurso de habeas corpus y una demanda colectiva en Washington.
Aunque Rodríguez Vásquez recibió posteriormente una audiencia y decidió salir voluntariamente del país, la demanda continuó en representación de personas sometidas a la misma política en el centro de detención migratoria de Tacoma.
La decisión confirma el fallo favorable a este grupo de detenidos y establece un precedente dentro de la jurisdicción del Noveno Circuito, aunque no invalida automáticamente la política en todo Estados Unidos.
El fallo profundiza la división entre los tribunales federales: los circuitos Segundo, Sexto, Décimo, Undécimo y ahora Noveno han rechazado la interpretación del gobierno, mientras el Quinto y el Octavo la respaldaron. Esta diferencia aumenta la posibilidad de que la Corte Suprema analice el asunto.
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