Miles de mineros bolivianos paralizaron este jueves el centro de La Paz durante una movilización contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz, en medio de una crisis económica que ha elevado la presión social en el país. La protesta inició en la ciudad de El Alto y avanzó hacia la sede de gobierno, donde los manifestantes exigieron la renuncia del mandatario entre consignas, detonaciones y enfrentamientos con la policía.
Los mineros marcharon con cascos y explosivos de uso laboral, mientras denunciaban que sus demandas no han sido atendidas por la administración de Paz, en el poder desde noviembre. El sector exige abastecimiento de combustibles, acceso a dólares, explosivos y ampliación de áreas mineras, elementos que consideran indispensables para sostener su actividad productiva en distintas regiones del país.
Al llegar a las inmediaciones del Palacio de Gobierno, la movilización derivó en choques con agentes policiales. De acuerdo con reportes en el lugar, los manifestantes utilizaron hondas y detonaciones, mientras la policía respondió con gases lacrimógenos para contener el avance, en una jornada marcada por tensión, humo y el cierre de actividades en el centro paceño.
La protesta minera se suma a un clima de creciente inconformidad social en Bolivia, donde distintos sectores han salido a las calles en las últimas semanas. Obreros, campesinos, maestros, indígenas y transportistas han presentado reclamos vinculados con salarios, servicios, abastecimiento y rechazo a posibles privatizaciones, lo que refleja un malestar más amplio frente al rumbo económico del gobierno.
Uno de los puntos más sensibles es la falta de combustible y dólares, dos problemas que han impactado tanto a sectores productivos como a actividades cotidianas. Para los mineros, la crisis no solo afecta sus ingresos, sino también la continuidad de sus operaciones, por lo que aseguran que el diálogo con el gobierno se agotó ante la falta de respuestas concretas.
En paralelo, la Central Obrera Boliviana anunció la radicalización de sus demandas, lo que podría ampliar el frente de presión contra la administración de Paz. La jornada en La Paz mostró que el conflicto social ya no se limita a un solo sector y que la crisis económica amenaza con convertirse en un desafío político mayor para el gobierno boliviano.
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