La crisis de violencia en Michoacán volvió a encender alertas luego de que el gobierno estatal confirmara que dos presuntos implicados más en el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fueron ejecutados y abandonados a un costado de la carretera Uruapan–Paracho, en la comunidad de Capácuaro. Con ello, ya son tres las personas ultimadas y relacionadas con el crimen del edil, dos de ellos de 16 y 17 años de edad, lo que vuelve a evidenciar la presencia de menores en las estructuras operativas del crimen organizado.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que la Fiscalía estatal identificó a los dos nuevos fallecidos como acompañantes del joven señalado como autor material del homicidio, quien también murió el 1 de noviembre después de haber sido detenido por la policía municipal. El mandatario aseguró que la información fue revisada y corroborada en conjunto con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aunque evitó adelantar conclusiones sobre los móviles detrás de las ejecuciones.
Las revelaciones mantienen en tela de juicio el manejo del caso, particularmente por la forma en que murió el primer atacante. Ramírez Bedolla explicó que las investigaciones incluyen esclarecer por qué el agresor fue abatido luego de haber sido sometido y retenido por escoltas municipales que fungían como parte del equipo de seguridad de Manzo. Según el mandatario, los reportes describen un forcejeo previo al disparo que terminó con su vida, un punto que deberá aclararse ante las inconsistencias del operativo.
Dudas y especulaciones sobre investigaciones del caso
El gobierno estatal también revisa la actuación del cuerpo de seguridad asignado al alcalde, integrado por ocho escoltas elegidos directamente por él y respaldados por 14 elementos de la Guardia Nacional. Las autoridades admiten que es necesario determinar por qué se flexibilizó la vigilancia personal del edil, considerando que había expresado preocupación por la presencia de grupos criminales en la región semanas antes de su asesinato.
La ejecución consecutiva de los tres involucrados exhibe, en últimas, el nivel de control territorial del crimen organizado en Uruapan y la vulnerabilidad institucional para investigar casos de alto impacto. Mientras el gobierno insiste en mantener abiertas todas las líneas de investigación, los hallazgos en Capácuaro refuerzan la percepción de que los responsables materiales están siendo silenciados antes de que puedan aportar información clave sobre los autores intelectuales.
Fotografía: Redes
