La presidencia de la República formalizó este jueves la entrada en vigor de la reforma electoral —conocida como “Plan B”— tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), luego de que el Congreso declarara su validez constitucional. El decreto establece nuevas reglas para reducir el gasto público en órganos legislativos y electorales, así como límites a las percepciones de altos funcionarios.
A partir de este viernes, las modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución entran en vigor, obligando al Congreso de la Unión y a las legislaturas estatales a armonizar sus marcos legales antes del 30 de mayo. Este proceso busca ajustar la estructura institucional a los nuevos criterios de austeridad.
Entre los cambios más relevantes, se fija un tope máximo de 0.70% del presupuesto estatal para los congresos locales, además de una reducción progresiva del gasto del Senado durante los próximos cuatro años, sin afectar los derechos laborales. También se establecen nuevas disposiciones sobre la integración municipal, como la limitación a un solo síndico por ayuntamiento y ajustes en el número de regidores.
El decreto igualmente establece que consejeros y magistrados electorales no podrán percibir salarios superiores al de la presidenta, en línea con la política de contención salarial en el sector público.
Asimismo, el Instituto Nacional Electoral (INE), junto con organismos electorales locales y tribunales, deberá adecuar sus normas internas y presupuestos para cumplir con la reforma. Los cambios en la integración de ayuntamientos se aplicarán a partir del siguiente periodo administrativo municipal en cada entidad.
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