La sentencia contra Adrián Mauricio Sánchez Mitre, ex comisario de Seguridad Pública de Nicolás Romero, EDOMEX, evidencia la gravedad de la corrupción dentro de corporaciones policiales y su vínculo con delitos de alto impacto en el Estado de México.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el ex funcionario fue condenado a 150 años de prisión por secuestro exprés con fines de robo y extorsión, luego de que se acreditara su responsabilidad con pruebas suficientes ante un juez.
Los hechos ocurrieron el 4 de enero de 2023, cuando Sánchez Mitre, acompañado por seis policías municipales, llegó al mercado “29 de junio”. Ahí, privaron ilegalmente de la libertad a una persona comerciante, a quien trasladaron en patrullas y retuvieron durante varias horas.
Durante el cautiverio, el entonces comisario obligó a la víctima a contactar a sus familiares para exigirles 10 mil pesos a cambio de su liberación. Ante la falta de pago, ordenó su liberación, pero no sin antes amenazarla de muerte en caso de denunciar.
La detención del ex mando ocurrió en el marco de la Operación “Enjambre”, una estrategia enfocada en desarticular redes de corrupción dentro del aparato de seguridad pública vinculadas al crimen organizado. En este operativo participaron autoridades estatales y federales, incluyendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional.
Cabe señalar que Sánchez Mitre ya había sido sentenciado previamente a 40 años de prisión por homicidio, lo que refuerza el patrón de violencia e impunidad dentro de estructuras policiales infiltradas.
Detenciones en Jilotzingo revelan más redes de corrupción
En un caso relacionado, autoridades del Estado de México detuvieron al director de Seguridad Ciudadana de Jilotzingo, Víctor “N”, junto con cinco policías y cuatro civiles, como parte del “Operativo Argos”.
Durante la intervención, realizada en la carretera Naucalpan-Ixtlahuaca, se localizó un tractocamión con reporte de robo, además de armas, cartuchos, teléfonos celulares y vehículos oficiales.
Según la Secretaría de Seguridad estatal, el funcionario intentó intervenir en el operativo para liberar a los implicados e incluso habría ofrecido dinero para evadir la acción de la justicia, lo que derivó en su detención inmediata.
Estos casos reflejan un escenario persistente de infiltración del crimen en corporaciones de seguridad, donde la colusión entre autoridades y redes delictivas sigue siendo un desafío estructural para la justicia en el Estado de México.
Fotografía: Redes
