La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo a ejidatarios de San Salvador Atenco, al determinar que el Estado deberá pronunciarse sobre la posibilidad de otorgarles una retribución económica por las afectaciones derivadas del decreto que declaró al Lago de Texcoco como Área de Protección de Recursos Naturales. Con esta resolución, el máximo tribunal reconoció el interés legítimo de los propietarios afectados por restricciones ambientales impuestas sobre sus tierras.
El fallo fue aprobado por mayoría del pleno, a partir del proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzos, y revocó una decisión previa que había desechado la demanda. La Corte concluyó que los ejidatarios, propietarios de 111 parcelas, sí cuentan con elementos suficientes para exigir una revisión sobre posibles compensaciones, aunque aclaró que no se trata de una indemnización por expropiación, ya que la propiedad no fue retirada formalmente.
Como parte de la resolución, el caso será remitido a un tribunal colegiado que deberá ordenar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas emitir un pronunciamiento sobre la procedencia de estímulos fiscales o retribuciones económicas, conforme al artículo 45 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Este punto abre la puerta a mecanismos de compensación en contextos donde existen limitaciones al uso de la propiedad por razones ambientales.
Durante la discusión, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, precisó que el fallo no establece montos ni condiciones específicas, sino que responde a un criterio de justicia compensatoria. En ese sentido, la resolución busca que las autoridades evalúen si existen condiciones para otorgar apoyos a los afectados, sin definir directamente el tipo o alcance de los mismos.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa respaldó esta interpretación al señalar que la legislación ambiental contempla beneficios para propietarios de terrenos ubicados en áreas naturales protegidas. Según su postura, el marco legal obliga a las autoridades a generar mecanismos de apoyo que compensen las restricciones impuestas por la protección ambiental.
No obstante, la ministra Lenia Batres Guadarrama advirtió sobre los posibles efectos de este precedente, al considerar que podría generar presiones sobre las finanzas públicas. En contraste, el propio ministro Espinosa sostuvo que la resolución no equipara las restricciones ambientales a una expropiación, sino que delimita un criterio específico para evaluar compensaciones sin comprometer el marco jurídico existente, lo que mantiene el debate abierto sobre el equilibrio entre protección ambiental y derechos de propiedad.
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