La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para establecer obligaciones a las plataformas digitales que operan en México, con el propósito de impedir que niñas, niños y adolescentes estén expuestos a contenidos que promuevan la violencia, el acoso, el abuso sexual y otras conductas que pongan en riesgo su integridad.
Durante la conferencia matutina de este 14 de octubre, la mandataria explicó que las empresas tecnológicas dispondrán de 30 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para implementar las medidas correspondientes y documentar las acciones realizadas. El cumplimiento será supervisado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Sheinbaum señaló que, durante las conversaciones con las compañías, estas solicitaron un mes para preparar sus sistemas y adaptar sus plataformas a las nuevas disposiciones.
“Si vemos que no se está cumpliendo, entonces pasaríamos a una ley que también implicaría sanciones a las plataformas”, advirtió la presidenta, al explicar que el decreto representa una primera etapa de colaboración entre el Gobierno federal y las empresas.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, detalló que las disposiciones buscan impedir que los servicios digitales permitan el acceso, la exposición o la recomendación de publicaciones que representen riesgos para la población menor de edad.
Entre los materiales sujetos a restricciones se encuentran los discursos de odio, el extremismo violento, el abuso y la explotación sexual, las autolesiones, los contenidos que induzcan al suicidio, los trastornos alimenticios, la violencia escolar, el acoso, el ciberbullying, las conductas ilícitas y el material sexual explícito.
Alcalde destacó la participación de las compañías durante las conversaciones con las autoridades. “Lejos de mostrar resistencia entendieron perfectamente la necesidad de un instrumento de esta naturaleza”, afirmó.
En las reuniones participaron representantes de Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google y X, empresas que deberán ajustar sus mecanismos de protección conforme a las obligaciones establecidas.
Verificación de edad y herramientas para las familias
El decreto contempla que las plataformas identifiquen y retiren de inmediato cuentas y contenidos que promuevan cualquier forma de violencia. También deberán clasificar las publicaciones según la edad, verificar la edad de las personas usuarias y ofrecer herramientas de supervisión para madres, padres y tutores.
Otra obligación consiste en activar de manera predeterminada las configuraciones más protectoras de privacidad y seguridad para niñas, niños y adolescentes, además de habilitar mecanismos accesibles para denunciar publicaciones o usuarios que representen un riesgo.
Las empresas también deberán mantener canales de contacto disponibles las 24 horas, durante los siete días de la semana, para atender requerimientos de las autoridades investigadoras, preservar evidencias y alertar cuando detecten contenidos que amenacen la vida.
Como parte de las disposiciones, la Consejería Jurídica instalará una mesa de trabajo con las plataformas para coordinar propuestas regulatorias orientadas a fortalecer la protección de menores en internet.
Por ahora, el decreto establece obligaciones de cumplimiento sin incorporar directamente un esquema de sanciones por incumplimiento. Sheinbaum sostuvo que, si la supervisión detecta que las empresas no aplican las medidas, el Gobierno analizará impulsar una legislación que contemple consecuencias legales.
La aplicación de estas disposiciones será clave para determinar si los mecanismos de autorregulación y cooperación con las empresas tecnológicas resultan suficientes o si será necesario avanzar hacia un marco legal más estricto.
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