Antes de que concluya 2026, se definirá si en Puebla y su zona metropolitana se aplicará un aumento a la tarifa del transporte público, tema que nuevamente se coloca en la agenda estatal debido a factores económicos y operativos del sistema.
De acuerdo con declaraciones de la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, el costo del servicio en la entidad se mantiene entre los más bajos del país, lo que ha llevado a considerar la necesidad de revisar su viabilidad financiera.
Durante un encuentro con medios de comunicación, la funcionaria estatal explicó que este análisis para determinar un posible ajuste deriva, entre otros factores, del incremento en el precio del diésel, insumo clave para la operación diaria de las unidades.
Asimismo, señaló que con la tarifa actual de 8.50 pesos resulta complicado garantizar la modernización del parque vehicular en las distintas rutas del transporte público, lo que ha limitado la renovación de unidades en condiciones óptimas de servicio.
En este contexto, insistió en la importancia de analizar el tema de manera integral, ya que el modelo actual también dificulta la transición hacia tecnologías más limpias, como las unidades eléctricas, debido a sus altos costos de adquisición y mantenimiento, los cuales no pueden ser cubiertos con la tarifa vigente.
Para ello, se pondrá en marcha un estudio técnico que permita definir el posible incremento. No obstante, precisó que cualquier ajuste en la tarifa estará condicionado a que las unidades se encuentren en condiciones adecuadas para brindar el servicio.
“Iniciaremos los estudios para esto, pero desde luego, para hacerse acreedores de un incremento de tarifa necesitamos unidades dignas”, puntualizó Silvia Tanús, quien recordó que en administraciones anteriores se realizaron encuestas que mostraban respaldo ciudadano a un posible aumento.
Cabe mencionar que desde 2019 se ha mantenido en la ciudad de Puebla y su zona metropolitana el costo de 8.50 pesos por pasaje en la gran mayoría de las rutas, sin modificaciones desde entonces.
Dicho ajuste fue autorizado en su momento bajo la condición de que los concesionarios modernizaran sus unidades y las equiparan con dispositivos de vigilancia; sin embargo, una parte importante del sector no cumplió con estos compromisos.
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