Un tribunal de Jerusalén ratificó un laudo arbitral que obliga a Avishai y Yitzhak Neriah a pagar alrededor de 6.3 millones de dólares a Uri Ansbacher, dentro de una disputa empresarial que volvió a colocar bajo escrutinio las relaciones construidas alrededor del gobierno de Enrique Peña Nieto. El litigio resulta especialmente sensible porque los empresarios participaron en negocios de tecnología y seguridad durante el sexenio priista, incluido el entramado comercial relacionado con Pegasus.
La controversia expuso cómo los propios empresarios atribuían un elevado valor económico a sus contactos con Peña Nieto y las altas esferas del poder mexicano. De acuerdo con documentos del arbitraje reportados por medios israelíes, Ansbacher sostuvo que ambos socios habían destinado hasta 25 millones de dólares a desarrollar esa relación y obtener acceso al gobierno. Incluso describieron su vínculo con el entonces presidente como parte de un negocio conjunto. Sin embargo, el fallo israelí no establece que esos 25 millones hayan terminado directamente en manos del expresidente.
El contexto agrava las dudas alrededor de aquel entramado: durante el gobierno de Peña Nieto, compañías vinculadas con estos empresarios participaron en operaciones de vigilancia y seguridad, mientras la entonces PGR adquirió Pegasus mediante una operación que la propia FGR ha calificado posteriormente como ilegal. La Fiscalía mantiene investigaciones por posibles delitos como peculado, fraude y uso indebido de atribuciones relacionados con esa contratación.
La relación volvió a cobrar relevancia después de que Peña Nieto apareciera públicamente junto a Avishai Neriah en una boda celebrada en Portofino, Italia, semanas después de que las acusaciones sobre los 25 millones de dólares provocaran una investigación en México. La fotografía no demuestra ninguna conducta ilícita, pero contrasta con los intentos del exmandatario por deslindarse de las operaciones comerciales: Peña Nieto ha negado haber recibido pagos y sostiene que no intervino en los procesos para contratar proveedores durante su administración.
La resolución israelí no condena penalmente a Peña Nieto ni prueba que haya recibido sobornos, pero añade una nueva pieza a un episodio que continúa persiguiendo su legado. La FGR abrió una investigación específica por los señalamientos surgidos del litigio y reconoció que necesitaba cooperación de Israel para avanzar. Así, años después de concluir su sexenio, el problema para el expresidente ya no es únicamente Pegasus: es que las disputas entre quienes hicieron negocios durante su gobierno siguen revelando cómo el acceso al poder mexicano era considerado un activo millonario.
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