La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió la carpeta FGEP/CDI/FIM/ATEMPAN-I/015570/2026 para investigar la agresión denunciada por el exalcalde de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza Aguilar, quien señaló a tres trabajadores del Ayuntamiento como presuntos responsables de perseguirlo y disparar contra su camioneta. El expediente contempla posibles delitos de amenazas, daño en propiedad ajena y ataques peligrosos.
De acuerdo con la versión de Loeza, los hechos ocurrieron la noche del 19 de octubre, luego de que acudiera a la zona de Mazatepec acompañado de otras personas. El exedil sostuvo que en un establecimiento coincidió con funcionarios municipales y que posteriormente comenzó una persecución cuando transitaba por la zona de El Pozo.
Loeza aseguró que durante el trayecto escuchó al menos 14 detonaciones y que tres proyectiles impactaron su camioneta, por lo que aceleró hasta conseguir refugio en la comandancia de Atotocoyan, en Yaonáhuac. Posteriormente difundió un video en redes sociales para mostrar los daños en la unidad.
El exalcalde identificó a Ángel Cabrera, director del Registro Civil; Iván Maza, director de Catastro, y Juan Gonzalo, trabajador municipal, como las personas que presuntamente participaron en los hechos. Estas acusaciones deberán ser corroboradas por la investigación ministerial.
También solicitó medidas de protección al Gobierno de Puebla al considerar que su seguridad podría estar en riesgo.
PVEM exige investigación y Juan Téllez promete colaboración
El Comité Ejecutivo Estatal del PVEM en Puebla respaldó a Loeza, militante de ese partido, y exigió que la investigación avance hasta deslindar responsabilidades, además de rechazar que las diferencias políticas deriven en agresiones contra cualquier actor público.
Por su parte, el presidente municipal Juan Manuel Téllez Salazar rechazó cualquier encubrimiento desde su administración y aseguró que el Ayuntamiento colaborará con las autoridades que investigan el caso. También pidió evitar especulaciones mientras se desarrollan las diligencias.
La investigación permanece abierta y hasta ahora no existe una resolución judicial que atribuya responsabilidad penal a los funcionarios señalados por Loeza.
Fotografía: Redes
