Las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa aseguraron que no han recibido una notificación oficial sobre la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y advirtieron que conocen los detalles de la investigación únicamente a través de versiones difundidas en medios de comunicación.
Mediante un pronunciamiento conjunto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y los representantes de los padres y madres de los normalistas señalaron que el proceso judicial contra el exmandatario podría representar un avance importante para el caso, siempre que las autoridades sustenten la acusación con pruebas suficientes y respeten el debido proceso.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Aguirre de su presunta participación en el ocultamiento y destrucción de evidencias relacionadas con la desaparición de los estudiantes ocurrida en septiembre de 2014, entre ellas las videograbaciones captadas por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala.
Familias exigen acceso a la investigación
Los representantes legales de las víctimas indicaron que, hasta ahora, desconocen el contenido técnico de la imputación presentada por la Fiscalía y reiteraron que la información disponible proviene de publicaciones periodísticas.
No obstante, consideraron que la investigación podría convertirse en una oportunidad para esclarecer uno de los aspectos más cuestionados del caso: la presunta desaparición de pruebas que habrían permitido reconstruir lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014.
En su posicionamiento, recordaron que durante años han solicitado investigar la posible responsabilidad de funcionarios estatales en la pérdida de evidencia considerada fundamental para conocer el paradero de los estudiantes.
La investigación reabre una de las principales líneas del caso
De acuerdo con la FGR, nuevas líneas de investigación y testimonios obtenidos durante este año apuntan a que Ángel Aguirre habría ordenado ocultar o destruir material videográfico relacionado con los hechos registrados en Iguala.
La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, informó que las indagatorias incorporaron declaraciones de testigos colaboradores que fortalecieron la hipótesis sobre la posible participación del exgobernador en el ocultamiento de pruebas.
Al respecto, el Centro Prodh sostuvo que «si el proceso es sólido y apegado a derecho, puede saldar una deuda de justicia con las familias«, aunque insistió en que las víctimas deben recibir información oficial sobre el desarrollo de las investigaciones.
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