La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla planteó investigar a las autoridades municipales de Tlaola ante la posibilidad de que hayan incurrido en omisiones relacionadas con la operación de una granja de criptomonedas localizada en la Sierra Norte.
El titular de la SSP, Francisco Sánchez González, cuestionó que el gobierno municipal encabezado por Simón Garrido Morgado desconociera la existencia de una instalación con una infraestructura de gran escala, pese a que las autoridades localizaron mil 32 equipos especializados para criptominería en el mismo predio.
“Pareciera que nadie se entera de lo que sucede”, señaló el funcionario, al referirse al conocimiento que deberían tener los cuerpos de seguridad y las autoridades municipales sobre actividades de esa magnitud.
Sánchez González consideró necesario realizar una investigación a fondo para determinar si existió alguna omisión o responsabilidad de funcionarios municipales, incluido el mando policial.
Dos operativos permitieron dimensionar la instalación
La Secretaría de Marina (Semar) aclaró que los aseguramientos realizados el 6 y el 11 de septiembre corresponden al mismo predio y no a dos granjas distintas.
Durante el primer operativo, las autoridades localizaron alrededor de 300 equipos de cómputo especializados, 80 terminales de media tensión y ocho antenas satelitales.
Cinco días después, un segundo cateo realizado junto con la Fiscalía General de la República (FGR) permitió actualizar el inventario. En esta intervención contabilizaron mil 32 equipos de criptominería, además de cinco transformadores eléctricos, 95 switches de red, tres antenas satelitales y una antena de microondas.
Las autoridades también encontraron una escopeta y 12 cartuchos calibre .410, así como cableado de potencia y un compresor de aire.
El inmueble se ubica en una zona de vegetación entre los límites de Tlaola, Chiconcuautla y Huauchinango. La Marina detectó la instalación mediante vuelos de reconocimiento con drones y trabajos coordinados con corporaciones estatales y municipales.
FGR investiga quién operaba la granja
La FGR lleva la investigación para establecer quién operaba la instalación, quién es propietario del predio y de dónde provenían los recursos y la energía utilizados para mantener funcionando los equipos.
Sánchez González explicó que la minería de criptomonedas no constituye por sí misma una actividad prohibida en México, aunque las autoridades investigan posibles delitos cuando existen irregularidades en el uso de infraestructura eléctrica o recursos de procedencia ilícita.
“La investigación la está llevando la Fiscalía General de la República”, puntualizó el secretario.
Por ahora, la investigación deberá determinar si existieron omisiones de autoridades municipales o alguna otra responsabilidad relacionada con la operación detectada en Tlaola.
Fotografía: X
