La crisis política en Acatlán de Osorio escaló al interior del propio Ayuntamiento. Durante una sesión ordinaria de Cabildo, la mayoría de los regidores respaldó avanzar en una ruta para solicitar la revocación de mandato contra la presidenta municipal, Guadalupe Lucero Bárcenas, en medio de reclamos por presunta opacidad, falta de rendición de cuentas, diferencias salariales y deficiencias administrativas.
La sesión, celebrada este 8 de junio y con una duración superior a dos horas, evidenció el nivel de ruptura entre la alcaldesa y parte del Cabildo. En el apartado de asuntos generales, integrantes del cuerpo edilicio solicitaron mayor acceso a los estados financieros del Ayuntamiento, revisión de la nómina municipal, claridad en el manejo de recursos y mejores condiciones materiales para desempeñar sus funciones.
El punto más delicado lo planteó la regidora de Grupos Vulnerables, Juliana Isabel Jiménez Velázquez, quien señaló inconformidad en diversos sectores de la población y se pronunció a favor de promover una solicitud de revocación de mandato contra la edil. La propuesta fue respaldada por ocho de los nueve regidores, de acuerdo con la información expuesta tras la sesión.
Los señalamientos no se limitaron a diferencias políticas internas del Cabildo. Durante la sesión también se abordaron quejas por presuntos cobros relacionados con carga y descarga, supuestos abusos de elementos de Tránsito Municipal, falta de cercanía con la ciudadanía y ausencia de insumos básicos para el trabajo de las regidurías. Para los inconformes, estos puntos reflejan un deterioro en la gobernabilidad municipal.
Regidores acusan opacidad; El Ciudadano México ya había documentado dudas sobre el patrimonio y el sueldo de Bárcenas
Uno de los principales reclamos fue la diferencia salarial dentro del Ayuntamiento. Durante la discusión, se cuestionó que la presidenta municipal perciba 77 mil 914 pesos mensuales antes de impuestos, cifra considerada desproporcionada frente a las percepciones de otros integrantes del Cabildo, especialmente en un contexto donde los regidores denunciaron limitaciones para realizar sus actividades.
Este señalamiento se suma a antecedentes ya documentados por El Ciudadano México, que informó que Guadalupe Lucero Bárcenas declaró no contar con bienes, propiedades, vehículos ni ingresos adicionales a su sueldo, pese a la difusión en redes sociales de una fotografía suya en un restaurante en París, Francia. De acuerdo con sus declaraciones patrimoniales, antes de asumir la presidencia municipal se desempeñó como delegada del Sedif en Acatlán, con un salario aproximado de 16 mil pesos mensuales, cargo que dejó para dedicarse a su campaña.
Asimismo, el medio documentó que en su primer año de gobierno la edil incrementó en 20 por ciento el salario de la presidencia municipal respecto a su antecesor, Pedro García Núñez. Mientras el exalcalde percibía 50 mil pesos netos, la actual administración reportó ingresos de 60 mil pesos mensuales; sin embargo, no se ha transparentado si dicha percepción se mantuvo o fue modificada, debido a la falta de publicación de la nómina municipal en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Durante la sesión, Juliana Jiménez solicitó que el síndico municipal convoque a una reunión con integrantes del Ayuntamiento, autoridades auxiliares, inspectores, líderes sociales, cámaras de comercio y representantes ciudadanos, con el objetivo de recabar inconformidades y elaborar un documento que pueda ser enviado al Gobierno del Estado y al Congreso de Puebla.
La regidora explicó que el proceso deberá documentarse en un plazo no mayor a cinco días hábiles, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal. Con ello, los inconformes buscan que las instancias estatales conozcan la situación que enfrenta Acatlán bajo la actual administración.
En respuesta, la presidenta municipal rechazó los señalamientos y pidió que se presenten pruebas para sustentar las acusaciones en su contra. No obstante, el intercambio dejó al descubierto un desgaste en la relación con el Cabildo, cuyos integrantes cuestionaron no solo el manejo administrativo, sino también el rumbo político del gobierno municipal.
La sesión concluyó sin una resolución definitiva sobre la revocación de mandato, aunque dejó abierta la ruta para remitir las inconformidades a las autoridades correspondientes. Tras el encuentro, se reportó que los ánimos se elevaron entre integrantes del Ayuntamiento, al grado de que tuvo que intervenir el secretario de Seguridad Pública municipal, Juan Alberto Domínguez, para contener el intercambio entre funcionarios.
El caso coloca a Guadalupe Bárcenas frente a una crisis política dentro de su propio gobierno. Más allá de que la eventual revocación de mandato deberá seguir los cauces legales correspondientes, el respaldo mayoritario de los regidores a la ruta de inconformidad exhibe un Ayuntamiento fracturado, con señalamientos de opacidad y una presidenta municipal cada vez más cuestionada desde el interior de su administración.
Ilustración: Iván Rojas
