La presidenta Claudia Sheinbaum acusó al gobierno de Chihuahua de haber incurrido en una violación a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional, luego de permitir la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra el narcotráfico sin la debida coordinación con el gobierno federal.
El señalamiento surge tras un operativo realizado el fin de semana para desmantelar laboratorios de drogas sintéticas, que terminó en un accidente automovilístico donde murieron dos agentes de Estados Unidos y dos funcionarios mexicanos. Aunque en un inicio se informó que los extranjeros eran instructores de la embajada, versiones posteriores apuntan a que pertenecían a una agencia de inteligencia, lo que elevó la gravedad del caso.
La mandataria federal subrayó que el problema central no radica en la cooperación internacional en sí, sino en la forma en que esta se solicitó y ejecutó. De acuerdo con su explicación, cualquier colaboración con gobiernos extranjeros debe ser autorizada y canalizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo cual no ocurrió en este caso. Por ello, atribuyó la responsabilidad principal a las autoridades estatales, tanto del gobierno como de la fiscalía de Chihuahua.
Sheinbaum enfatizó que la legislación mexicana es clara: los agentes extranjeros solo pueden participar en labores de intercambio de información y no en acciones operativas directas. Además, recordó que la Constitución prohíbe cualquier tipo de injerencia extranjera sin autorización expresa del Estado mexicano, especialmente tras las reformas recientes en materia de soberanía.
En este contexto, la gobernadora María Eugenia Campos y el fiscal César Jáuregui fueron citados a comparecer ante el Senado para explicar las condiciones en que se permitió dicha colaboración. Paralelamente, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, sostuvo una reunión con la mandataria estatal para solicitar información detallada sobre los hechos y reiterar los lineamientos legales que deben seguirse.
El caso ocurre en un momento de alta tensión en la relación bilateral en materia de seguridad, en medio de presiones desde Estados Unidos para intensificar el combate al narcotráfico. Sin embargo, el gobierno federal insistió en que la cooperación debe mantenerse bajo principios de coordinación y respeto a la soberanía, sin subordinación y dentro marco legal establecido.
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