En el marco de la audiencia de revisión de medidas cautelares del caso de violencia vicaria, Andrea Lezama Bonilla solicitó a las autoridades judiciales que analicen su caso con perspectiva de género e infancia, con el objetivo de evitar que su expareja y agresor, Ricardo N, cumpla su condena en arresto domiciliario, ya que esto podría poner en riesgo la seguridad de su hijo.
Frente a la Casa de Justicia en Puebla, Lezama explicó que este martes 4 de noviembre se determinará si Ricardo N, actualmente en prisión, podría enfrentar el proceso legal desde su domicilio, medida que preocupa a la víctima debido al historial de violencia.
La preocupación surge luego de que la jueza de control Alejandra Román Pérez, del Poder Judicial de Puebla, autorizara el pasado 29 de octubre modificar las medidas cautelares de Ricardo N, pese a reconocer que tanto la víctima como su hijo se encontraban en situación de riesgo.
Andrea Lezama indicó que la audiencia representa una oportunidad para que se considere el impacto de las decisiones judiciales en la vida de quienes han sufrido violencia vicaria, y confía en que los jueces tomarán en cuenta el riesgo real al decidir sobre el arresto domiciliario.
La víctima recordó que Ricardo N es el primer hombre en Latinoamérica vinculado a proceso por violencia vicaria, tras haber sustraído a su hijo durante más de seis años. Por ello, consideró que otorgarle medidas menos estrictas sería un retroceso alarmante en la justicia para este tipo de casos.
Además, advirtió que la modificación de medidas por parte del Poder Judicial implica que Ricardo N podría enfrentar arresto domiciliario sin pulsera electrónica, debido a que no puede costearla, y aunque se planteó la posibilidad de vigilancia policial permanente, no hay garantía de que se cumpla efectivamente.
A pesar de la decisión que tome la autoridad judicial, Andrea Lezama ya apeló la modificación de medidas cautelares, manteniendo la esperanza de que se haga justicia.
El caso se remonta a junio de 2016, cuando Ricardo N sustrajo al hijo que compartía con Lezama, de apenas 1 año y 10 meses de edad. Fue hasta octubre de 2022 que fue detenido en Baja California, convirtiéndose en el primer hombre vinculado a proceso por violencia vicaria en América Latina.
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