El Congreso de Puebla analiza una iniciativa para que los prestadores de servicios públicos elaboren y ejecuten cada año un programa de mantenimiento preventivo de drenaje y alcantarillado. La propuesta busca mejorar el funcionamiento de la infraestructura hidráulica y disminuir los riesgos de inundaciones y encharcamientos.
La diputada Delfina Pozos Vergara planteó adicionar el artículo 103 Bis a la Ley del Agua para el Estado de Puebla. La reforma obligaría a los organismos operadores, concesionarios y autoridades responsables a aprobar, ejecutar y publicar anualmente las acciones de conservación, limpieza y desazolve.
El programa deberá difundirse a más tardar durante febrero de cada año e incluir las actividades correspondientes al ejercicio fiscal en curso. Con esta medida, la legisladora busca proteger la integridad y el patrimonio de la población, además de garantizar la continuidad de los servicios públicos.
Programa identificará puntos con riesgo de inundación
La iniciativa establece que el documento deberá contener un diagnóstico del estado físico del drenaje sanitario y pluvial, así como un inventario actualizado de colectores, subcolectores, alcantarillas, rejillas, bocas de tormenta, pozos de visita y cárcamos.
Las autoridades también tendrán que identificar los sitios con inundaciones o encharcamientos recurrentes, con el propósito de establecer prioridades de atención y programar intervenciones antes de que la temporada de lluvias genere daños en viviendas, vialidades o comercios.
El programa incluirá un calendario anual de mantenimiento, limpieza y desazolve, además de señalar qué autoridad, organismo operador o concesionario ejecutará cada tarea. También deberá precisar las metas, los indicadores de cumplimiento y el presupuesto asignado.
Buscan sustituir respuestas tardías por prevención
La propuesta contempla mecanismos de coordinación entre municipios, organismos operadores, empresas concesionarias y autoridades estatales. Delfina Pozos explicó que el programa deberá funcionar como “un esquema de actuación preventivo y no reactivo”, con acciones permanentes y responsabilidades definidas.
La iniciativa pretende que las instituciones dejen de atender los problemas únicamente después de una inundación o una falla en el drenaje. Mediante diagnósticos, calendarios públicos y recursos específicos, la población podrá conocer las acciones programadas y evaluar su cumplimiento.
El proyecto legislativo busca convertir el mantenimiento de la infraestructura hidráulica en una obligación anual y verificable, para reducir riesgos, mejorar la coordinación institucional y evitar que la falta de limpieza o desazolve agrave las afectaciones provocadas por las lluvias.
Fotografía: Especial
